El Comercio
Manolo Taibo, de la Federación de Montaña.
Manolo Taibo, de la Federación de Montaña. / MARIETA

Un montañero rescatado en el Urriellu deberá pagar 5.960 euros

  • La Federación de Montaña, Escalada y Senderismo critica el «afán recaudatorio» de la ley autonómica, que cobró ocho servicios en 2016

Un escalador que fue rescatado por el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) el pasado 29 de octubre, tras sufrir una fractura mientras ascendía por una de las vías del Picu Urriellu, tendrá que pagar 5.960 euros por la intervención. El montañero ha recibido el aviso de la liquidación de la tasa remitido por el SEPA.

Al parecer, no sería el único caso. Según los datos que maneja la Federación de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado, en 2016 se habrían abierto ocho expedientes de cobro por rescates. Al menos dos de ellos serían por actividades relacionadas con el montañismo y la escalada.

El responsable de Prevención de la Fempa, Manolo Taibo, ha compartido en su perfil de Facebook el recibo enviado por el Servicio de Emergencias del Principado al montañero rescatado en octubre en el Picu Urriellu, acompañado de un extenso artículo en el que reitera la posición totalmente crítica de la Federación con la política de cobro de rescates por parte del Gobierno asturiano.

La nueva ley autonómica de 2014 considera la escalada, junto a otros deportes como el surf, una actividad de riesgo. La Federación de Montaña asegura desconocer aún si esta calificación implica que cualquier accidente practicando este tipo de disciplinas conlleva el cobro por el rescate. De esta situación de incertidumbre es de la que alerta la Federación en un comunicado enviado a sus socios.

En el caso del montañero herido en el Urriellu, Manolo Taibo asegura que se trató de un «accidente limpio», en «condiciones normales de escalada». «Es una persona entrenada que llevaba todo el material necesario y no había malas condiciones meteorológicas, en ningún caso se trataría de una imprudencia», apunta el portavoz de la Federación, quien incide, además, en que ese concepto, el de «imprudencia, es un factor que ya se tenía en cuenta en la anterior ley del año 2009 para aplicar el cobro por el rescate».

La Federación de Montaña se muestra «escéptica» al señalar la dificultad que supone «definir lo que es la imprudencia en las actividades de montaña». La nueva normativa suma «todavía más incertidumbre» al añadir como actividad de riesgo la escalada «pero no el senderismo». «Entendemos que una persona a la que le cae una piedra haciendo la Ruta del Cares no tendría que pagar su rescate pero, sin embargo, una persona a la que le cae una piedra escalando, sí», comenta Taibo.

Desde la Federación de Montaña, Escalada y Senderismo lamentan que «no se haya tenido en cuenta a personas expertas en deportes de montaña y en prevención para elaborar este ley, ni tampoco la anterior de 2009». Critican, «visto el cariz que está tomando la situación», que «la ley tenga únicamente un fin recaudatorio».

«Los beneficios sociales y económicos que las actividades de montaña aportan a la sociedad asturiana son mucho mayores que el coste de los rescates», señalan desde el colectivo de montañeros, que insta al Gobierno del Principado a hacer un cálculo de los efectos «socializadores y sanitarios» de este deporte. El montañero al que le ha llegado la factura recurrirá la sanción impuesta.

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