«Es una sentencia desproporcionada y antieconómica», afirma la alcaldesa

El Ayuntamiento de Castrillón ha remitido un informe al juez en el que afirma que las sentencias son «desproporcionadas» y que ejecutarlas resultaría «antieconómico, dado que una vez derribada podría volver a construirla tal y como está ahora», según manifestó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero. También ratificó que, como afirma el propietario, las obras de ampliación y modificación de la vivienda se realizaron con la correspondiente licencia municipal, posteriormente declarada nula por resolución judicial.

Según el informe, que intenta reducir al máximo la parte a demoler y que lógicamente podrá o no ser tenido en cuenta por el juez, solo una parte «poco significativa», según palabras de la alcaldesa, de las obras que ejecutó Rivero en su chalé no se podrían legalizar y por tanto habría que derribarlas para cumplir la sentencia. «También hay algunas imprecisiones que perfectamente se podrían legalizar», concluyó Triguero.