Intermón pide la modificación de la reforma fiscal con medidas «más justas»

Intermón Oxfam ha reclamado al Gobierno una modificación de la reforma fiscal aprobada hoy por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que, han argumentado, lejos de definir un modelo social más justo, beneficia principalmente a las rentas más altas y grandes empresas y complica la financiación de servicios sociales de calidad. Beneficiará a los que más tienen y ensanchará aún más la brecha social entre los más ricos y los que menos tienen, ha declarado Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad en la organización.

Intermón advierte que la pérdida de ingresos que la reforma supondrá para el Estado -unos 9.000 millones en dos años- puede tener repercusiones importantes en la financiación de políticas sociales como sanidad o educación universal de calidad, que benefician, sobre todo, a las rentas más bajas. Además, añaden que el posible ahorro resultado de la reforma para los ciudadanos significa pan para hoy y hambre para mañana", porque no compensa el incremento de gasto derivado de los recortes en políticas sociales.

Según los cálculos de la organización, esta reforma derivará en un ahorro de 35 euros al mes para el 70% de los contribuyentes. Algo que, si se compara con los recortes del 22% (según el INE) en educación y del 9% en sanidad, "no compensa en absoluto" al bolsillo de los ciudadanos.

Fin de las sicav

Desde la ONG han determinado que la política fiscal debería ser una de las herramientas más eficaces para combatir la desigualdad. Por ello, han propuesto una serie de medidas para una "reforma justa", con preceptos como establecer una mejor redistribución "logrando que los que más tienen aporten más" y quitando figuras como las sicav. También han defendido "tolerancia cero" al fraude fiscal, lo que han traducido en más transparencia en la gestión de paraísos fiscales o más recursos en la agencia tributaria.

La ONG hace especial hincapié en el fraude fiscal, en el que España se encuentra en los primeros puestos en la UE y que supone una pérdida para las arcas públicas de 59.500 millones de euros al año, el 80% de los cuales proviene de grandes fortunas y grandes empresas. "Sin embargo, la reforma apenas contiene medidas para frenar esta lacra", ha afirmado Ruiz, que recalca, además, que si nos equiparáramos con los países de nuestro entorno en cuanto a lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25.500 millones de euros más, con lo que, proponen, se podrían duplicar los programas de asistencia al desempleo en nuestro país.

Con esto, la ONG ha llamado a la modificación del texto para conseguir una reforma "más justa, equitativa, progresiva y cohesionada", así como a la movilización ciudadana para lograr este objetivo, para lo que han impulsado un decálogo de cambios que debe contener la nueva ley de fiscalidad y que pueden firmar los ciudadanos.