El Comercio

UGT plantea que «los robots paguen a la Seguridad Social» por el empleo que quitan

Josep María Álvarez y Javier Fernández Lanero, ayer, antes de la asamblea de delegados de Asturias.
Josep María Álvarez y Javier Fernández Lanero, ayer, antes de la asamblea de delegados de Asturias. / P. NOSTI
  • Josep María Álvarez defiende en Asturias que los beneficios obtenidos por la «irrupción de las nuevas tecnologías deben redistribuirse»

UGT pidió ayer la constitución de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para abordar en ella propuestas «tan importantes como, simplificándolo mucho, que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que restan a las empresas». El secretario general del sindicato, Josep María Álvarez, quien ayer participó en la convención anual de los delegados asturianos, se dirigió antes a los medios para insistir en la necesidad de adelantarse al futuro inmediato y que «una parte de las mejoras tecnológicas y los ahorros que se producen en nuestro país como consecuencia del proceso de digitalización tenga consecuencias positivas sobre los trabajadores».

Según explicó más tarde, el objetivo es que los beneficios obtenidos por la «irrupción de las nuevas tecnologías» se redistribuyan para paliar, de algún modo, la reducción de la mano de obra necesaria en los procesos productivos. «Se trata de que los robots no solo tengan beneficios sobre el precio final del producto o la cuenta de resultado de las empresas, sino también sobre los trabajadores en activo que no van a tener un puesto de trabajo porque las máquinas se lo han quitado», ahondó Álvarez. Se remontó a finales del siglo XVIII, cuando «los trabajadores nos cargábamos las máquinas. Algo hemos aprendido: no se trata de eso, sino de repartir el beneficio que generan». Un posicionamiento teórico que deberá tomar forma con la participación de los demás agentes sociales en la comisión y que, no descarta, se podría «trasladar» al ámbito de la UE. Porque, en su opinión, de continuar en la misma senda «el sistema puede llegar a colapsarse».

Todo forma parte, explicó el secretario general, de la necesidad de plantear un debate a fondo sobre el futuro de las pensiones. En este sentido, criticó «la sangría que representan las políticas de los últimos años consistentes en sacar recursos del fondo de reserva». Habló, además, de algunas medidas inmediatas que el Gobierno central podría adoptar, como la eliminación de las subvenciones a la contratación que «no generan un solo empleo», que supondría el ahorro, según cuantificó, de 3.700 millones de euros. También se refirió a las pensiones de viudedad, que a su juicio no deberían correr a cuenta de la Seguridad Social. De este modo, planteó la posibilidad de que el Estado reingrese «paulatinamente» y vía impuestos los recursos dirigidos a estos gastos.

Otra de las cuestiones que «no pueden esperar», defendió el líder sindicalista, es la derogación de la Reforma Laboral: «Con salarios de 400 euros y contratos de dos horas este país no va a salir adelante», criticó antes de solicitar un aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

Estos temas, y más, fueron tratados en la asamblea de los delegados asturianos, donde Álvarez también recordó la obligación de «concluir el proceso de constitución de las tres nuevas» federaciones que formarán el sindicato, para poder celebrar elecciones y crecer en afiliación.

En cuanto a la integración de SOMA-Fitag y MCA en una nueva organización -denominada FICA a nivel estatal-, Álvarez aclaró que la dirección de la central establecerá en las próximas semanas un calendario definitivo y se mostró convencido de que «este proceso se va a saldar con acuerdo», a pesar de «las dificultades propias de dos organizaciones con un gran peso en Asturias».

Reunión con el presidente

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, informó de la reunión mantenida con el presidente asturiano para que el Gobierno impulse la concertación. Sin reconocer retrasos, sí instó a ser «proactivos y más ágiles» en la puesta en marcha de algunas de las medidas que recoge el pacto social, como la implantación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Por otra parte, resumió, «Asturias no puede estar sin presupuestos». Otra prórroga supondría una «burocracia inmensa», por lo que instó a los partidos de izquierdas en el Parlamento asturiano a acordar unas cuentas para 2017.