Reducir del 23% al 8% el personal interino en Asturias llevará tres años

  • Hacienda ya reunió en la Mesa General de la Función Pública a los sindicatos y está recabando información para abordar la fase final de la negociación

Tres años será el periodo de tiempo que llevará aplicar en Asturias el acuerdo alcanzado a finales de marzo entre el Gobierno central y los sindicatos para reducir las tasas de trabajo temporal del empleo público.

La Consejería de Hacienda convocó el pasado 7 de abril a los integrantes de la llamada Mesa General de la Función Pública, en la que, además del Gobierno regional, están representadas las organizaciones sindicales. En ese encuentro se analizó el citado acuerdo nacional pero no se entró a concretar la situación del personal público en la región. Según informaron fuentes de Comisiones Obreras, los representantes de la Consejería de Hacienda se comprometieron a recopilar toda la documentación necesaria para remitirla después a los sindicatos con vistas a poder abordar, de esa forma, la negociación en Asturias.

Procesos de selección

El acuerdo nacional -firmado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF- supone rebajar la proporción de personal interino en la plantilla, que ahora está en el 25,3% (unos 9.800 trabajadores), al 8%, mediante la convocatoria de procesos de selección. Pero para poner números concretos al acuerdo en Asturias hará falta conocer el número de personas que ocupan las plazas de interinos en Educación y Sanidad, principalmente, y certificar las mismas para luego sacarlas a concurso.

Los sindicatos calculan que el Principado tiene en su plantilla una tasa de interinidad «de entre el 22% y el 23%», ligeramente por debajo de la media nacional, y que «sólo la Administración regional debe tener unos 6.000 interinos». Y falta por precisar el nivel de contratos temporales y sustituciones de las administraciones locales.

Otro aspecto a precisar en la negociación entre el Principado y los sindicatos es la tasa de reposición. Se ha pactado que será del 100% en los considerados como servicios esenciales (Sanidad y Educación, principalmente), mientras que en otros sectores será del 50%.