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Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.
La Audiencia Nacional imputa a Rexach y Díaz Rato por la ampliación del puerto de El Musel

La Audiencia Nacional imputa a Rexach y Díaz Rato por la ampliación del puerto de El Musel

El expresidente y el ex director general del puerto deberán declarar en Madrid en junio ante el juez Eloy Velasco

Nacho Prieto

Miércoles, 20 de mayo 2015, 04:06

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El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón durante la ejecución de las obras de ampliación de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y el director general de la misma entidad y director de los trabajos realizados, José Luis Díaz Rato, declararán el próximo mes de junio como imputados en la investigación abierta por la Audiencia Nacional el pasado enero. La Audiencia aceptó entonces la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción propiciada por un informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf) y acepta ahora la petición de que Rexach y Díaz Rato declaren como imputados que planteó el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), grupo afín a Podemos y que dirige jurídicamente la abogada Ana Taboada, candidata a la Alcaldía de Oviedo por Somos.

La imputación de Rexach y Díaz Rato se produce cuatro meses después de que la Audiencia Nacional iniciara la investigación de lo sucedido y tras la sustitución del juez Gómez Bermúdez, que dictó el primer auto, por Eloy Velasco, que se hizo cargo del caso tras solicitar el primero un nuevo destino como juez de enlace en París.

En su auto del pasado 8 de enero, el juez Javier Gómez Bermúdez citó explícitamente la denuncia de Ocan, grupo convertido ahora en acusación particular, entre los hechos que propiciaron las diligencias abiertas, y aceptó la mayoría de las propuestas contenidas en la misma, pero, en lo referido a personas, se limitó a pedir la identificación de quienes ostentaban cargos de responsabilidad, tanto en la Autoridad Portuaria de Gijón como en el Organismo Público Puertos del Estado. La Audiencia, con la información solicitada en su poder, da ahora un paso más con la imputación de los dos máximos responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón durante todo el periodo en el que se desarrollaron las obras, desde su adjudicación, en enero de 2005, a la entrega, casi seis años después, en diciembre de 2010.

El juez Eloy Velasco se hace cargo de la instrucción

  • la investigación

  • O. Esteban / Gijón

  • A finales del mes de abril se conocía que Javier Gómez Bermúdez abandonaba la Audiencia Nacional, dejando de esa forma sin instructor la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en la gestión de las obras de El Musel. Ahora ya se sabe quién sustituye a Gómez Bermúdez se trata del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que asume provisionalmente el juzgado de Bermúdez, el Central número 3.

  • Eloy Velasco se ha enfrentado hasta ahora a muchas instrucciones mediáticas. Entre ellas, la de la Operación Púnica, caso que acumula miles de folios sobre una presunta red de corrupción que se extendió a Madrid, León y Murcia. El secreto de sumario de ese caso se levantó hace pocos meses. Recientemente, Velasco ha abierto diligencias por colaboración con banda terrorista para investigar la estancia en España, entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, del terrorista francés Amédy Coulibaly. También en este año, Eloy Velasco fue el encargado de dejar en libertad a los doce abogados detenidos por la Guardia Civil por ser presuntos miembros del frente de cárceles de ETA. Y coordinó la actuación que acabó con la detención de 14 anarquistas a los que Interior acusaba de los atentados de la Almudena y el Pilar. Anteriormente, estuvo al frente de la investigación del asedio al Congreso de abril de 2013.

En la denuncia del grupo afín a Podemos, además de la declaración como imputados de Menéndez Rexach y Díaz Rato, propugnaron como diligencias tendentes a comprobar los hechos «los datos y registros contables y fiscales de las empresas a la UTE Dique Torres», así como «justificaciones contables y documentales de las subvenciones percibidas de los Fondos de Cohesión Europeos», y «registros contables de la empresa cantera «Tudela Veguín» respecto a los materiales suministrados y su precio al beneficiario (Autoridad Portuaria de Gijón) así como a la empresa propietaria de la cantera de Aboño (Hidrocantábrico SA) respecto a los materiales extraídos». Por último, la misma denuncia requería «que por la Autoridad Portuaria se certifique qué medidas de control y pesaje, así como de control de los vehículos de transporte de áridos entre los años 2005-2010» hubo.

En respuesta a esa denuncia y a la presentada por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, en la que no ha trascendido que se cite nombre alguno, el juez Gómez Bermúdez pidió a la Autoridad Portuaria de Gijón «la remisión del expediente administrativo de contratación», así como «los documentos de las relaciones mantenidas con Hidrocantábrico, S. A. y con Tudela Veguín, S. A.».

A la UTE Dique Torres, el juez le pidió «que aporte los registros contables y la documentación referente al contrato de ampliación del Puerto de Gijón» y «los documentos justificativos de las relaciones mantenidas con Hidrocantábrico, S. A. respecto de la cantera de Aboño y los documentos justificativos de las relaciones mantenidas con Tudela Veguín, S. A. respecto de las canteras Peña María y La Hoya-Perecil».

Consiguientemente, la mayoría de los datos económicos o documentales propuestos por Ocan fueron reclamados judicialmente en la fase de diligencias previas, pero en lo referido no ya a imputación sino a declaraciones de personas, el mencionado auto solicitó simplemente a la Autoridad Portuaria de Gijón que «certifique quiénes eran los miembros de la Autoridad Portuaria y del Consejo de Administración, así como del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos y cuáles eran los cargos que ostentaban».

Seis posibles delitos

La Fiscalía detectó seis posibles delitos tras analizar el informe de la Olaf: fraude y exacciones ilegales, «si funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón se hubieran concertado con particulares de la empresa adjudicataria para la entrega indebida de fondos públicos a lo largo del procedimiento de contratación»; malversación de caudales públicos, en caso de que las mismas personas, «en connivencia con representantes de la empresa adjudicataria, hubieran defraudado fondos públicos»; estafa agravada por razón del importe, «si se acreditara que el adjudicatario hubiera engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales utilizados por las obras»; falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, «si resultara acreditada la existencia de facturas inveraces que se hubieran empleado para la reclamación de cantidades a la Administración»; fraude a la Hacienda Pública, «si se acreditara que por parte de la empresa adjudicataria se hubieran simulado gastos que en realidad no existieron o producido documentos que fueran el origen de la entrega de fondos públicos a particulares sin motivo o justificación», y prevarización, en el caso de que los hechos investigados «permitieran establecer arbitrariedad en las resoluciones adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior».

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