El Principado considera el bloque de Estaño «una agresión al paisaje del más alto nivel»

Expropiar las viviendas anexas al parque de La Providencia para doblar el espacio verde con varias lagunas artificiales. Limitar al máximo las obras que pueden hacer el bar y las viviendas de Estaño, de cara a una futura demolición que permita recuperar el espacio como playa natural. Prohibir el uso de los colores rojo, salmón, rosa, burdeos o amarillo en las viviendas situadas en los primeros 500 metros de costa.

Lo que antecede son parte de las medidas que incluye el Plan Especial del Suelo de Costas de Asturias (PESC), proyecto que el Principado lleva madurando desde 2009. El trabajo le fue confiado a un equipo dirigido por el urbanista Ramón Fernández-Rañada, que primero marcó una serie de criterios sobre cómo debería ser el litoral, y luego estudió palmo a palmo todas las construcciones existentes para determinar si cumplen o no con esas cualidades. En total, fotografíaron 3.649 viviendas, chamizos, chiringuitos, cuadras y paneras en todo el Principado, 135 de ellas en Gijón.

En el verano de 2014 salió a información pública su diagnóstico, una colección de fichas que advertía a cada propietario de las obras de adaptación que se le requeriría, o del negro futuro que le prescriben a su inmueble. Los aludidos protestaron, claro. Fueron 167 las alegaciones recogidas, 43 de ellas en Gijón. La Consejería de Medio Ambiente acaba de publicar la respuesta que les merece; en síntesis, desestima más de la mitad, y lo hace con argumentos especialmente contundentes en lo tocante a la playa de Estaño.

«Se vista como se vista el conjunto de los dos inmuebles de la playa configura una de las agresiones físicas más acusadas, si no la más acusada, de las que afectan a las playas del litoral asturiano», replica el informe de alegaciones. Las edificaciones constituyen «una agresión plástica del más alto nivel a una playa natural como la de Estaño», abundan. Las viviendas están a escasos 23 metros de la línea de deslinde y, a juicio de los técnicos, «tiene el dudoso honor de constituir el único edificio en altura obstruyendo la servidumbre de tránsito en todo el suelo no urbanizable de costas».

La respuesta echa por tierra los argumentos de los afectados, quienes contrataron a un arquitecto para defenderse. Su escrito argumenta que el bar-restaurante Estaño y el bloque de apartamentos Cardeli se levantaron en 1966, cumpliendo con el proyecto técnico que entonces obtuvo todos los permisos. Las viviendas además «se disponen de forma escalonada, adaptándose a la accidentada orografía del terreno» y minimizando su impacto visual. Los vecinos encontraron además que en la propuesta inicial existían errores a la hora de identificar las parcelas, motivo por el cual solicitaron que se anulara todo el PESC en lo tocante a Estaño.

Legalidad cuestionada

El informe de alegaciones reconoce esas equivocaciones, pero niega que tengan la entidad pretendida. El Principado además admite que en su día todo se edificó con los permisos en regla, pero critica aquella época. La gestión urbanística de Gijón, hasta que en 1983 aprobó su primer Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), «no fue exactamente inmaculada. Fueron los años en que, por ejemplo, se alzó el muro de edificaciones que ensombrece la playa de San Lorenzo o los dos edificios en torre enfrentados al palacio de Revillagigedo, entre otros muchos ejemplos que se podrían citar».

Los urbanistas contratados por la Consejería de Medio Ambiente insisten en que los apartamentos «forman una especie de muro que obstruye casi totalmente las vistas de la playa desde la preplaya». Este dato, unido a su invasión de la zona de servidumbre, determinan el juicio de los técnicos: «Sería incomprensible para un observador desapasionado que fueran considerados como compatibles» con la protección ambiental del lugar.

La categoría que el PESC asigna al bar y los apartamentos es la de «impacto elevado» contra el entorno, algo reservada para las edificaciones «más disconformes con su entorno, sobre las que podrá actuar o no la Administración en un momento posterior». En toda Asturias son 692 las construcciones incluidas en esta clasificación, lo que, dado su «impacto excesivo de los valores tipo del área en que se ubican», justifica que el plan les imponga directamente un artículo de la legislación autonómica que supone «la prohibición de realizar cualquier obra de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación».

En la versión del plan que fue sometida a información pública, los técnicos deslizaron cuál debe ser el futuro de la zona. El veto a toda reforma se entendía de cara «a una hipotética recuperación de la playa como playa natural». Los afectados tomaron nota y trataron de darle la vuelta al argumento. Además de razones legales, existen fundamentos económicos para admitir la supervivencia de sus inmuebles, indicaron. «Si lo que se pretende es convertir la playa con mayor afluencia de la zona no urbana de Gijón en otra playa natural, ello tendría un coste tan sumamente desorbitado que consideramos económicamente insostenible». En total, creen que la factura saldría por 1,4 millones en lo tocante al bar y 2,8 los apartamentos, un precio «muy elevado, por mucho que esté en el ánimo del equipo redactor el prohibir cualquier tipo de inversión en conservación o mejora del inmueble con el ánimo de depreciar las propiedades de cara a una futura expropiación».

No se descarta a medio plazo

Los técnicos responden que efectivamente, el desembolso será importante, y llegan a situarlo en conjunto por encima de los 5,6 millones si se incluyen las expropiaciones, la «demolición del actual aparcamiento con sustitución por uno nuevo situado a unos 300 metros hacia el interior y la peatonalización del recorrido desde ésta a la playa con regeneración de todos los terrenos de la posplaya». A pesar de la cuantía, el PESC estima oportuno no cerrarse esta puerta: «Mirando hacia atrás y comprobando el enorme cambio de criterio que en cuestiones medioambientales ha tenido lugar en los últimos treinta años -del que son precisamente testigos mudos los dos edificios objeto de este informe- se verá que no cabe descartar que, a medio plazo y una vez superada la presente crisis económica, una operación como la de recuperación de una playa natural de la belleza de la de Estaño».

Los urbanistas ponen otro ejemplo para defender este desenlace. Según su criterio, la relación entre la inversión y los beneficios esperados «sería, en términos medioambientales, más favorable de lo que resultaría la creación de una playa artificial como tantas en que invierte habitualmente la Administración».

La amenaza de los mosquitos

La suerte de los vecinos del actual parque de La Providencia no ha sido mucho mejor. El PESC considera que la zona es un estupendo mirador a la ciudad que debe ser ampliado. Para ello propone la «expropiación de la mayor parte de los terrenos» situados al este del cabo San Lorenzo, al objeto de ampliar las actuales 13,6 hectáreas del parque hasta que tenga 23. Una inversión de 1,3 millones permitiría afrontar la incautación del terreno, la destrucción del actual vial, y la ejecución de dos o tres lagunas artificiales para el reposo de las aves migratorias.

El espacio expropiable incluye ahora «un puente de mando trasladado, una vivienda, dos 'movil-homes' y varias casetas». Los señalados alegan que disponen de licencia urbanística, pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles, y los que se han enfrentado a alguna denuncia por infracción urbanística, aseguran que los expedientes acabaron archivados. Además niegan que, como figura en el borrador inicial, la zona esté «prácticamente deshabitada» porque dicen ocupar las viviendas casi todo el año.

Las quejas no han surtido efecto. El informe de alegaciones concede a los más antiguos del lugar que quizás en su día cumplieran la Ley del Suelo de 1956, que permitía edificar en suelo rústico, pero hoy «la parcelación es, plásticamente, de todo punto incompatible con el privilegiado lugar que ocupa y se encuentra abocada a su desaparición». A las construcciones más nuevas les señala que su diseño y ubicación -algunas a 10 metros del deslinde- les convierte en una «clara infracción urbanística».

Los vecinos del parque cuya expropiación no se contempla tampoco están tranquilos. En sus alegaciones reclaman un estudio ambiental de las lagunas artificiales, no sea que en vez de aves el lugar se convierta en un foco de mosquitos.