El Ayuntamiento admite que Defensa tiene derecho a aprovechamientos por La Vega

Las naves de la fábrica de armas de La Vega, junto a la entrada a Oviedo por Santullano. /  MARIO ROJAS
Las naves de la fábrica de armas de La Vega, junto a la entrada a Oviedo por Santullano. / MARIO ROJAS

Rubén Rosón cree que los terrenos podrían solucionar carencias históricas, como dotar a la ciudad de un ferial

G. DÍAZ-RUBÍN / R. AGUDÍN / D. LUMBRERAS OVIEDO.

«La propiedad denominada 'fábrica de armas de La Vega', sita en Oviedo», reza el acuerdo, «es propiedad de la Administración General del Estado, afectada al dominio público adscrito al Ministerio de Defensa». El documento tiene fecha de 23 de febrero y, debajo, la firma del concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos. No es que 'Rivi' haya admitido por su cuenta lo que discuten, en busca de «un acuerdo global», Defensa y el Ayuntamiento, más bien se trata de las cláusulas que exige hacer constar el ministerio para autorizar el uso temporal de las instalaciones para dos actividades de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO). También, un recordatorio de que Defensa no cede gratis sus bienes ni sin condiciones -se lo impide la legislación vigente-, sino que aspira a lograr una compensación económica, como adelantó este diario el domingo, de alrededor de 32 millones de euros.

Ayer, también llegó el reconocimiento municipal de que Defensa tiene derechos sobre los terrenos. Tras las primeras reacciones disonantes, en las que Somos Oviedo insistía en exigir la reversión gratuita de los terrenos y recordaba movilizaciones ciudadanas en otras ciudades, la líder de la candidatura y vicealcaldesa, Ana Taboada, admitió que ambar partes tendrán que «negociar cómo nos repartimos el espacio y los aprovechamientos». Insistió, eso sí, en que «ahora mismo, no estamos para debatir si La Vega cuesta 32 o 58» millones, ya que «primero se debe definir la propiedad y catalogar los bienes». De momento, sostuvo, «es mejor no entrar a valorar los 32 millones» estimados por Defensa.

Taboada insistió en que se ha enviado el protocolo pactado entre los tres grupos del gobierno local a Defensa y en que el proceso será largo: «Se debe cambiar el plan, determinarse los usos, hacer la catalogación de bienes y tenemos que llegar a acuerdos con ellos», añadió. «Con Defensa pueden existir debates en definir el uso de las naves y su mantenimiento», y abogó por la protección del conjunto para que «ese espacio se mantenga lo máximo posible, pero siempre manteniendo el entorno».

Protección

Ese es uno de los primeros objetivos del protocolo enviado al ministerio: el Ayuntamiento quiere acceder al recinto para inventariar y evaluar el estado de los inmuebles, algunos con un importante deterioro. El proceso tendría una duración de dos meses, tras la cual se iniciaría la catalogación de los edificios con sus posibles usos compatibles y grado de protección, un trámite en el que el Consejo de Patrimonio tendría la última palabra y para el que el documento planteado desde el Ayuntamiento prevé una duración optimista de diez meses.

Consumido casi un año desde la firma del protocolo, se sabría qué edificios hay que proteger, cuáles son susceptibles de derribo o reforma y para qué posibles usos y se abriría un proceso de participación ciudadana para definir el futuro del conjunto. Otros ocho meses que permitirían convocar un concurso de ideas y dejar otros tantos de plazo a sus ganadores para redactar los proyectos antes de entrar en la parte complicada: hacerlos realidad. Ya que incluso entonces sería necesario comenzar la tramitación de los documentos urbanísticos correspondientes y lograr la aprobación de la CUOTA y el Consejo de Patrimonio para los mismos y hacerlo sin chocar con la revisión del Plan General en marcha ni con el rediseño de la entrada a Oviedo desde la 'Y'. Cuatro años en total, como estima el Ayuntamiento, parecen pocos.

Y, en realidad, en el protocolo no se habla de dinero, ni aprovechamientos, ni de propiedad. Eso viaja en una negociación paralela y aparte, en la que el Ayuntamiento intentará hacer valer sus derechos históricos sobre parte de los terrenos que fueron cedidos en el siglo XIX o el mal estado de algunos de los inmuebles para reducir el precio a pagar en aprovechamientos por los 118.730 metros cuadrados de las instalaciones fabriles cerradas en 2012.

Incluso Rubén Rosón limó ayer su habitual dureza con el ministerio y matizó que «Defensa no puede, o no debería querer hacer caja con terrenos de una capital de comunidad autónoma como es Oviedo», aunque añadió que «La Vega es de Oviedo, es de la ciudad, y está en el corazón de la ciudad». Un corazón que puede solucionar muchas de las carencias de la ciudad, dijo, «desde un recinto ferial hasta recinto donde organizar las fiestas patronales, centros de empresas... Necesitamos ese espacio».

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