El PP denuncia pagos millonarios sin contrato y Somos dice que quiere tapar el caso de Mortera

A veces pasa, te la dejan botando en el área para empujarla. El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, pidió ayer la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial por los 1,5 millones de euros que lleva pagados el Ayuntamiento de Oviedo en el actual mandato por servicios y trabajos prestados sin que «medie relación contractual. Lo hizo recordando y citando textualmente los términos de la rueda de prensa que en 2015 ofrecieron Ana Taboada y Rubén Rosón para denunciar entonces que los populares habían dejado la pasada legislatura en la misma e irregular situación facturas por casi 600.000 euros. «Si la conducta era 'grave' entonces y había que abrir un expediente, que lo hagan», reclamó Caunedo, que recordó que, según Rosón, esta situación «era una 'jetada' y 'sus responsables unos jetas'». El popular, además, cargó contra Taboada por sostener que se trata de un hecho «'normal', normal para la forma de gobernar de este tripartito», incidió.

Para el portavoz del PP, «es muy grave» que la teniente de alcalde de Oviedo, de Somos, diga ahora que «es algo normal, y evidentemente lo es en la forma que tiene de entender la gestión pública el tripartito y el desprecio que tiene a las normas que regulan la gestión pública». Y remató denunciando «la falta de gestión generalizada», la proliferación de «contratos menores, que se contrate con quien no se puede contratar o que se considera normal contratar a miembros de la propia candidatura».

Caunedo anunció que su grupo estudia llevar a los tribunales al menos uno de estos 'contratos verbales'. En referencia al pago de más de 670.000 euros a la empresa encargada de la gestión del tráfico desde que, en diciembre de 2015, finalizase el contrato de gestión de la red semafórica, pese a lo cual el actual equipo de gobierno ha mantenido el servicio hasta la actualidad.

En la misma alegalidad -la Ley de Contratos del Sector Público es tajante-, la actual Corporación ha pagado facturas por servicios de limpieza y medio ambiente, de reparación de motos de la Policía Local, de suministro de energía para alumbrado público o educación, con FFC Aqualia o con Correos y Telégrafos entre otras empresas. Que sean ilegales no quiere decir que no se paguen, si el servicio se ha prestado, la Administración debe abonarlo, que para eso existe la doctrina del enriquecimiento ilícito de la cosa pública, que lo mismo sirve para pagar por la concesión del Calatrava como para que cobre la empresa que hizo la revisión del brazo articulado de Bomberos tres meses después del incendio de Uría.

Con la pelota botando, también el Grupo Municipal de Ciudadanos entró al remate. Su portavoz, Luis Pacho, afirmó que «es de juzgado de guardia la manera de actuar de este equipo de gobierno, repartiendo dinero público mediante apretones de manos a entidades que, para más inri, no pueden contratar con la Administración», en referencia al contrato para la campaña contra las agresiones machistas a una comunidad de bienes que carecen de personalidad jurídica para contratar con la Administración. «Es un aberración», denunció.

Incluso Foro Asturias pidió al alcalde que aclare estas situaciones irregulares «para que sean analizadas con lupa por la Fiscalía», en palabras de la secretaria general, Camino Gutiérrez, porque «sería un error para los miembros del tripartito pensar que siempre van a encontrar sensibilidades judiciales tan cercanas como en la sorprendente aplicación de la prescripción en los hechos de La Madreña».

Para la vicealcaldesa, Ana Taboada, la denuncia del PP lo único que busca es «poner cortinas de humo» para no tener que hablar «del juicio a Mortera, una persona acusada de prevaricación por haber utilizado fondos mineros para favorecer a las empresas especuladoras en vez de beneficiar el empleo», dijo del que fuera concejal de Urbanismo y Licencias entre 2007 y 2012. Taboada insistió en que se trata tan solo de un procedimiento administrativo, «que hemos mejorado desde el equipo de gobierno actual y también pasó en su momento con el PP». Expuso que estas situaciones son consecuencia de «tener un Ayuntamiento desmantelado», que impide tramitar las renovaciones de los contratos en tiempo. E insistió en que la denuncia es «una cortina de humo que quiere es evitar hablar de un señor que ha especulado con fondos mineros evitando que esos fondos revirtieran en generar industrias y tejido productivo en nuestro concejo».

Caunedo, sostuvo Taboada, «tiene mucha cara, está imputado en uno de los casos de corrupción más importantes de España y todavía no ha dimitido. Viene a trabajar para hacer ruedas de prensa en vez de trabajar por el interés de la ciudad». Y recordó que el popular está citado a testificar en el juicio a Mortera mañana : «Va a declarar y qué va a decir, eran fondos mineros para una cuestión específica, crear tejido productivo».

«No quiere trabajar, está imputado y es cómplice de que estemos pagando 20 millones de euros de pufos», concluyó por toda respuesta.