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ANA MORIYÓN
Domingo, 26 de octubre 2014, 01:17
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En un momento delicado para el sindicalismo, salpicado en varios casos de corrupción, UGT Asturias se ha visto obligada a justificar ante los tribunales el uso que realizó de las subvenciones recibidas entre 2008 y 2013 para desarrollar programas de atención a inmigrantes. Y, tras una sospecha de desvío de fondos públicos que el sindicato achaca a una campaña de desprestigio contra la organización, la formación que lidera Justo Rodríguez Braga ha querido defender públicamente su honestidad en la utilización de los mismos.
La Comisión Ejecutiva de UGT de Asturias reconoce que destinó parte de estos fondos -«como no podía ser de otra manera», remarca- a costear gastos «normales de funcionamiento» de su sede central en Oviedo, tales como la luz, la calefacción, las fotocopias, el teléfono, etc. Pero niega que ello suponga ningún tipo de «irregularidad» ya que, defiende a través de un comunicado, este tipo de gastos son «imprescindibles» para desarrollar cualquier tipo de actividad. De hecho, las memorias justificativas de estos gastos por parte de UGT fueron validadas por el Gobierno del Principado.
Toda esta información tuvo que ser presentada por el sindicato ante el Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo con motivo de la demanda laboral realizada por la persona responsable de ejecutar el citado programa para la atención de inmigrantes, que denunció al sindicato después de trabajar durante varios años en situación irregular. El sindicato aceptó indemnizar a esta empleada con 26.500 euros en un acto de conciliación después de que sus representantes legales requirieran información relativa a la justificación de los gastos de estas subvenciones, al entender que los fondos con los que se debía haber costeado el salario de esta trabajadora se estaban utilizando para finalidades distintas a las que estaban destinadas, tales como al pago de otras nóminas y gastos corrientes que, bajo su punto de vista, nada tenían que ver con el programa dirigido a inmigrantes. El sindicato se defiende de estas críticas destacando el hecho de que el juez no remitiera el asunto a la fiscalía, como prueba irrefutable de que no se detectó indicio alguno de irregularidades en toda esta documentación. Sin embargo, otras fuentes consultadas indican que el hecho de que el conflicto laboral se resolviera mediante un acto de conciliación podría haber evitado, precisamente, que el juez investigara a fondo toda la información requerida.
La publicación ayer de una información en el diario 'El Mundo', en la que se afirma que UGT Asturias se financió con programas de atención a inmigrantes, ha hecho que el sindicato se defienda públicamente a través de un comunicado en el que niega cualquier atisbo de ilegalidad en su actuación. «No existe ningún tipo de irregularidad ni desviación de fondos públicos a finalidades distintas de aquellas para las que fueron concedidas las subvenciones, que han sido justificadas y fiscalizadas por las autoridades competentes», manifiesta.
Justifica en todo caso que la finalidad de los programas no era la contratación de personas para la atención o asesoramiento de la población inmigrante, responsabilidad que ejercía la trabajadora en situación irregular, sino la «realización de actividades diversas que contribuyan a la sensibilización respecto a la problemática de colectivos específicos, la promoción de dichos colectivos, la difusión de las políticas públicas que les afectan o el asesoramiento y atención de los mismos».
«Tiempo de dedicación»
En opinión de UGT, en esta amplia definición no encaja de forma exclusiva el personal que atendía directamente a los destinatarios de los programas, sino también «el tiempo de dedicación a las actividades subvencionadas» de otros trabajadores de la organización como, señalan a modo de ejemplo, el personal del gabinete técnico encargado de la elaboración de informes sobre inmigración y el personal administrativo encargado de la atención telefónica o la preparación de envíos postales, archivo y fotocopias.
El sindicato aclara, en cualquier caso, que estos trabajadores no recibieron directamente el dinero de las subvenciones, sino que cobraron sus nóminas mensuales, conforme al convenio colectivo de aplicación, «con independencia de la repercusión proporcional del tiempo empleado por ellos en la actividad subvencionada». Y niega, en cualquier caso, que los gastos de personal justificados por el sindicato correspondan a «personal de confianza», tal y como apunta el diario 'El Mundo'.
La UGT, según esta misma publicación, hizo figurar en las justificaciones de la subvención los salarios de Josefina González, secretaria de Rodríguez Braga; Eva Gavela, economista de la ejecutiva asturiana; Carlos Hernández, responsable de Administración; Francisco López, al frente de Juventud y Josefa del Valle, graduada social del sindicato para la comarca de Siero. Trabajadores que según el rotativo madrileño, al contrario de lo que defiende la comisión ejecutiva de la formación sindical, nada tenían que ver con la subvención recibida.
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