Borrar
José Ángel Fernández Villa.
Anticorrupción también ve «evidencias» del enriquecimiento ilícito de Villa

Anticorrupción también ve «evidencias» del enriquecimiento ilícito de Villa

La Fiscalía cede al juzgado de Oviedo las diligencias relacionadas con el menoscabo al SOMA, pero mantiene las relativas a los fondos mineros y el Montepío de la Minería

ANA MORIYÓN

Lunes, 7 de marzo 2016, 00:30

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Fiscalía Anticorrupción asume las conclusiones de la Guardia Civil sobre el presunto enriquecimiento ilícito de José Ángel Fernández Villa a costa del sindicato minero al menos 23 años. El Ministerio Fiscal constata que existen «evidencias» del desvío de cantidades, entregadas por Hunosa al SOMA para el pago de las dietas del comité intercentros, que de una u otra manera habrían acabado en los bolsillos del exdirigente sindical.

Cantidades que la fiscal Carmen García Cerdá no llega a cuantificar pero que, sostiene, habrían «terminado presuntamente formado parte del patrimonio particular» del exlíder sindical quien, además, añade Cerdá, «habría dispuesto de fondos de las cuentas del sindicato SOMA-UGT a través de dudosas retiradas de dinero en efectivo», o utilizando tarjetas de crédito «que le fueron entregadas a los solos efectos de poder realizar pagos de representación».

La fiscal realizó estas valoraciones en un escrito, remitido el pasado 26 de febrero al Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo, en el que pone en conocimiento de la magistrada Simonet Quelle Coto de su renuncia a parte de la investigación sobre el denominado 'caso Villa'. La Fiscalía Anticorrupción viene trabajando en este caso desde principios de 2014, a raíz de la regularización por parte del exsindicalista, a través de la amnistía de 2012 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, de 1,2 millones de euros. De hecho, con el objeto de esclarecer el posible origen ilícito de esta fortuna, este ministerio había solicitado el pasado mes de septiembre un plazo extraordinario de seis meses para culminar las diligencias, que estaría próximo a concluir.

Sin embargo, la denuncia interpuesta el pasado mes de septiembre por el SOMA-Fitag-UGT y el Infide (Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales) por un presunto delito de apropiación indebida contra José Ángel Fernández Villa, al que le reclama 359.911,88 euros, y el expresidente del instituto, Pedro Castillejo, por 68.000 euros, ha supuesto un freno a su actuación.

El Ministerio Fiscal se vio obligado a cesar el pasado 18 de diciembre, en favor del juzgado ovetense, en sus diligencias relacionadas con el presunto menoscabo que Villa habría realizado al sindicato minero, por ser objeto de la instrucción llevada a cabo por este tribunal. Lo hace en virtud del artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a la Fiscalía a abstenerse de sus investigaciones «tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos».

Éste es, precisamente, el motivo por el que, hace apenas unos días, Anticorrupción hizo llegar al Juzgado de Oviedo toda la documentación vinculada con la denuncia interpuesta por el SOMA. Esto es, el citado informe policial datado en noviembre de 2015, y cuyas conclusiones adelantó EL COMERCIO, y la transcripción de las declaraciones de las dos secretarias de Villa, Carmen Blanco y Noely Llaneza; del exsecretario de administración del SOMA-Fitag-UGT, Aquilino Ronderos y de su sucesor en el cargo, Constantino Suárez Ordíz; entre otra documentación.

La renuncia por parte de la Fiscalía no es total, sino que se limita a la investigación que se instruye en estos momentos en Asturias y que avanza sin que, hasta la fecha, se haya podido escuchar la versión del propio Villa. Su declaración quedó suspendida después de que su defensa alegara motivos de salud y presentara un informe -que fue ratificado tras una exploración ordenada por la propia jueza- que determina que padece un deterioro cognitivo agudo. Ahora, a instancias de la acusación, cuyos intereses defiende el despacho de abogados Ontier, la magistrada ha solicitado al Servicio de Neurología del Hospital Central de Asturias (HUCA) el historial médico del investigado.

En manos de Anticorrupción queda aún mucho trabajo. Se reserva aún la investigación de las presuntas actuaciones irregulares relacionadas con la gestión de los fondos mineros y con la obra del macrogeriátrico de Felechosa por parte del Montepío de la Minería, presidido en su día por José Antonio Postigo, también investigado tras la regularización de otros 300.000 euros.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios