El SOMA pide a la Justicia que haga su trabajo para «que quien la haga, la pague»

Las reacciones del sindicato que dirigió durante más de tres décadas José Ángel Fernández Villa no se hicieron esperar. Nada más conocer la noticia la actual comisión ejecutiva del SOMA-Fitag-UGT adelantó que «si finalmente se confirma algún tipo de delito» serán los primeros en reclamar justicia. «Que quien la haga, la pague», sentenciaron.

Al margen de lo que ocurra a Villa a partir de ahora, insisten en la buena gestión de sus órganos de gobierno y del Montepío de la Minería Asturiana. «Nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía Acticorrupción facilitándoles toda la documentación» y recuerdan cuál fue su actuación nada más conocerse la «regularización del dinero» cuando decidieron la expulsión inmediata de José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo.

Desde que salió a la luz el 'caso Villa', el SOMA puso en marcha una auditoría externa que arrojó un doble resultado: por un lado que «el dinero no había salido del sindicato», y por otro que existía un presunto menoscabo del patrimonio del SOMA y de Infide». Con todos estos datos decidieron interponer una querella ante el juzgado de instrucción número 2 de Oviedo para reclamar los más de 400.000 euros que, según el sindicato, se habría apropiado el exsecretario de «forma indebida». Está pendiente de que se concrete la fecha para celebrar el juicio.

El SOMA reclama seis años de prisión para Villa. Los abogados del sindicato minero, del despacho de Ontier, fueron los encargados de presentar el recurso de acusación. La demanda también se presentó contra Pedro Castillejo, exsecretario del Infinde, fundación vinculada al SOMA, para quien el sindicato pide en su escrito de acusación cinco años de prisión.

Además de los seis años de cárcel, los representantes legales del SOMA, piden a Fernández Villa una indemnización de 431.000 euros y una multa de doce meses, con una cuota diaria de 180 euros. En su escrito de acusación los abogados consideran probado que ambos cometieron un delito continuado de apropiación indebida de fondos destinados al patrimonio del sindicato.