El Comercio
A Dania le han asistido en un centro de Segovia. Es uno de los 100.000 canes abandonas que las protectoras españolas recogen cada año.

A Dania le han asistido en un centro de Segovia. Es uno de los 100.000 canes abandonas que las protectoras españolas recogen cada año. / Mónica Patxot

El día de las bestias

  • Este perro es equiparable a un mueble según el Código Civil español. Una jueza de Mallorca se ha rebelado contra la impunidad del maltrato animal y acaba de mandar al segundo acusado a la cárcel

Decía Mahatma Gandhi que una nación bien puede ser juzgarda por la vida que da a sus animales. En España, han tenido que pasar casi siete décadas desde que los restos del padre espiritual de la independencia india fueron cremados para que la crueldad que se ejerce a diario contra perros, gatos, caballos, vacas, pájaros o gallinas, hasta provocarles la muerte, deje por fin de ser impune, o bien, de zanjarse con una simple multa o unos trabajos comunitarios. Ha llegado el día de las bestias. Al menos, en el juzgado de lo Penal número 8 de Palma de Mallorca. Allí, la brava magistrada titular, María Jesús Campos Barciela, se ha propuesto por su cuenta civilizar a la comunidad bípeda del país y ha decidido, por primera vez en la historia española, que estos agresores dejen de irse de rositas y paguen sus respectivas sentencias a la sombra de una celda.

Justo ahí es donde lleva ya más de una semana Eugenio Sánchez María, 41 años, repartidor de una empresa de bebidas y caballista. Un juez le condenó a ocho meses de prisión por linchar a golpes a su caballo Sorky, que resultó descalificado en una carrera de trote por saltar. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el magistrado responsable de la parte ejecutoria del proceso –en este caso, Campos Barciela–, ha decretado que cumpla su pena entre barrotes. Y lo ha hecho tras valorar la «lenta agonía» que padeció el cuadrúpedo y que «la muerte a palos es, en humanos y en animales, una de las más angustiosas». En su auto concluye que el acusado «menospreció» la vida del caballo «solo porque se enfadó por su mala carrera», que su «muerte atroz es una aberración en el siglo XXI» y que «la indignación ciudadana mallorquina está justifica y es legítima».

Sánchez María es el primer ciudadano español que cumple su pena en prisión por maltratar a un animal. Pero no el único. La supermagistrada de los animales acaba de dictaminar la misma suerte para un vecino de Palma, condenado a un año de privación de libertad por matar de hambre a su perro. El hombre tenía al can famélico y deshidratado, atado en el patio de su casa con una cuerda tan corta que le impedía incluso levantarse. Rescatado por la Policía, falleció a los pocos días pese a recibir atención veterinaria. De nuevo, Campos Barciela se compadece de la «agonía» que padeció la mascota y justifica su fallo por el «antipedagógico mensaje» que, considera, se transmitiría «si el culpable consigue ser condenado a una pena de escasa gravedad y, como es frecuente en este delito, se suspende su cumplimiento».

Hasta ahora, esto era lo que ocurría en España habitualmente cuando las condenas dictadas, al margen de su naturaleza, eran inferiores a dos años. Y siempre y sin excepción en el caso de las penas relacionadas con las agresiones a animales. Y es que el Código Penal aún se muestra muy tibio ante estos comportamientos. Eso, pese a su reciente endurecimiento, que se traduce, desde el pasado 1 de julio, en la consideración del maltrato animal como delito –antes era una mera falta– y en la ampliación de la pena máxima de doce a «solo» dieciocho meses. «Sigue sin llegar a dos años», se lamenta Nuria Menéndez de Llano, abogada especializada en Derecho Animal y directora del departamento legal del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, que aboga por ampliarla a «al menos los tres años».

Aunque habrá que aguardar a nuevo abordaje del código para ello, la letrada expresa abiertamente su satisfacción por las «valientes» resoluciones judiciales de la magistrada mallorquina. «Como ha quedado de manifiesto, los jueces tienen la potestad para que estos criminales entren en prisión a cumplir las condenas. No necesariamente tienen que ser fallos de más de equis meses. Se pueden valorar otras circusntancias, como el grado de crueldad, de indignación social que causa, la reincidencia, etcétera», enfatiza.

Zoofilia y sadismo

Pero, si resulta que el castigo ante estas agresiones dependía y sigue dependiendo de la peticiones de condena que efectúen los fiscales y de la decisión final de los jueces, ¿por qué los veredictos de cárcel no han llegado antes? Manuel José Molina, el abogado que ejerció la acusación particular en el ‘caso Corky’ y en el último del perro muerto de hambre, ambos en nombre de la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, Abada, de la que es vicepresidente, lo atribuye a un cambio en la «sensibilidad de la sociedad. Por suerte, estamos evolucionando. A menudo, los jueces van a remolque de los cambios sociales y ellos también se empiezan a sensibilizar», expone.

En el mismo sentido se expresa el portavoz de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, la plataforma que ejerció de lobby en la última reforma del Código Penal para que, entre otras mejoras, se castigara la zoofilia. «Hasta que en este país no hubo un empresario contaminador que fue a la cárcel, la gente no se tomó en serio el delito ecológico. Pues, igulamente, hacía falta que un maltratador de animales pisara la cárcel para que se tomara conciencia de que este es un delito de verdad. La sensibilidad social ya está suficientemente madura para decir basta a este tipo de crímenes y que se erradiquen. La sociedad clama que se actúe con la máxima contundencia», asegura el portavoz de la agrupación, Chesús Yuste Cabello.

Esta indignación creciente está detrás del impresionante incremento de las denuncias por maltrato de animales que llegan al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona. En solo un año han superado las 14.000, nada menos que un 90% más que las que se registaron en 2008, cuando empezaron a digitalizarse los casos.

«La sociedad ya no acepta que salgan gratis casos como el del torturador de cachorros de Badajoz, un funcionario, padre de familia que practicaba su sadismo en el sótano de su casa. O el del violador de caballos multireincidente de El Ejido», afirma Menéndez de Llano desde el Observatorio de Justicia y Defensa Animal, una entidad independiente sin ánimo de lucro que clama por la reforma constitucional para que reconozca la protección de los animales, como ocurre en Alemania, Suiza o Austria, así como la del Código Cicil, donde un animal es equiparable a un mero «objeto». «Solo así dejaremos de ser un país bárbaro», apostilla la letrada, que reclama para afrontar todos esos cambios un «gran pacto político».

En el otro extremo de la cuerda, Estados Unidos se revela como el país más avanzado en esta materia. No solo porque 150 de sus facultades de Derecho incluyen como asignatura el Derecho Animal –en España únicamente la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece estos estudios y como máster–, si no porque el FBI incluye estos crímenes en la lista de delitos violentos. «Cada vez más estudios demuestran que esos agresores raramente se conforman con hacer daño a animales», resalta la abogada. De ahí que, este mismo mes, un juez de Nevada haya sentenciado a 28 años de prisión a un veinteañeros por torturar y «desmembrar» a siete perros.

Desde la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor de Filosofía y experto en ética animal, Óscar Horta, invita a la reflexión. «A veces se dice que debe respetarse a los seres humanos porque son más inteligentes que los demás animales, pero parece claro que sería inaceptable discriminar a los humanos que por accidente o edad son menos inteligentes. Por tanto, ¿está justificado seguir actuando hacia los animales como hasta ahora? ¿Es semejante el ‘especismo’ o discriminación de especies a otras como el sexismo o el racismo?