El plan de ajuste de 2012 se lleva por delante 326 millones en inversiones y subvenciones

El grueso del ajuste de 498 millones de euros que el Principado debe aplicar sobre sus cuentas en 2012, en virtud del plan aprobado el jueves por el Consejo de Política Fiscal, saldrá del capítulo inversor y de subvenciones y transferencias. Hasta 326 millones podará el Gobierno regional en estos ámbitos, tal y como se recoge en el citado documento que ayer mismo fue registrado en la Junta General, donde el lunes dará explicaciones la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Teniendo en cuenta que la inversión es siempre una de las partidas presupuestarias más fuertes y que las subidas de impuestos recogidas en el plan no comenzarán a tener impacto sobre las arcas públicas al menos hasta 2013, no es de extrañar que el Principado haya optado por esta vía para cuadrar sus cuentas con rapidez. Obras y proyectos por importe de 103 millones se reprograman; es decir, se retrasan en el tiempo. Otros 128 millones correspondientes a actuaciones finalizadas en 2011 no tendrán continuidad este ejercicio ante la falta de recursos. Y 95 millones salen del tijeretazo en las transferencias y las subvenciones.

El ajuste para 2012 se completa con recortes en otros sectores, fruto de la reducción de aportaciones del Estado y la UE para empleo, medio rural o sanidad. Medidas como el copago (diez millones) o la ampliación de la jornada laboral a todos los empleados públicos (tres millones, aunque aquí se apunta a una previsión de ahorro de hasta 18 millones en el mejor de los casos) completan la planificación del ejercicio en curso.

Pero el documento considerado «idóneo» por el Consejo de Política Fiscal va más allá y avanza las intenciones del Principado en años sucesivos, hasta 2014. Y hay iniciativas jugosas. Se prescindirá de 44 liberados institucionales, por ejemplo. Se habla de una revisión del mapa sanitario (hoy dividido en ocho áreas) y de una reestructuración de la red educativa en todos sus segmentos. Y se ahonda en cuestiones siempre delicadas como las guardias sanitarias o las ayudas sociales de que disponen algunos empleados al servicio de la administración regional.

El Principado, que se compromete a afrontar la reforma del sector público comprometida, incluyendo además fusiones de sociedades o entes todavía no detalladas en caso de que los estudios así lo aconsejen, valoró ayer las consecuencias del Consejo de Política Fiscal en otra de sus vertientes: el endurecimiento de los objetivos autonómicos de déficit. El portavoz, Guillermo Martínez, fue muy claro: «Ajustar más a las autonomías significa insistir en el ajuste en los servicios básicos».

Lamentó Martínez que el Gobierno central no comparta con las autonomías la flexibilización en el objetivo de déficit concedido por la UE a España. «Aplican la ley del embudo, ancho para ellos y estrecho para los demás», dijo. Y cuestionó asimismo que no se vayan a compartir con las regiones los ingresos adicionales que se obtendrán a través de la subida del IVA. «Quieren convertir a las regiones en el chivo expiatorio de la crisis», remarcó el portavoz, que lamentó que se intente trasladar una imagen «de ineficiencia» del Estado autonómico.