La patronal geriátrica plantea al Principado gestionar la red pública

La patronal geriátrica asturiana quiere gestionar la red pública. En concreto, quiere que la oferta de plazas de titularidad del Principado y la de las privadas se fusionen en una red de nueva creación, la de Servicios de Atención a la Dependencia. Dentro de ella, el papel del Principado sería el de planificador de recursos, responsable del control de acceso a las plazas y órgano vigilante de las mismas. Por su parte, los empresarios tendrían la competencia de gestionar los servicios, tras haber alcanzado un gran pacto regional de plantillas, salarios y costes. La plaza debería tener un precio mensual de 1.800 euros al mes, 400 más de la tarifa pública marcada ahora.

Esa es la propuesta que la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege) ha entregado a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz. El presidente de la entidad, Paulo González, firma el documento al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que se presenta como una fórmula para solucionar los problemas que la aplicación de la Ley de la Dependencia ha creado tanto a los estamentos públicos como a los empresarios.

La falta de financiación de dicha ley, incrementada ahora con el recorte planteado por el Gobierno central, ha generado una lista de espera para acceder a los servicios de casi 6.000 asturianos con dependencia, a la vez que se multiplicaban las pagas al cuidador familiar, más de 8.000 en la actualidad, prestación que restaba clientela a los servicios profesionales. Una situación de la que la consejera dará cuenta hoy durante su comparecencia ante la Junta General del Principado.

Con esta propuesta, Ascege no sólo pretende reforzar la posición de los servicios dentro de la Ley de la Dependencia. Además, también pondría fin al largo conflicto que la entidad, que engloba a la casi totalidad de plazas concertadas de la región, con el Principado, con el que tiene pendiente desde el 1 de enero de 2011 actualizar el precio de esa plaza concertada.

Las consejeras de IU, Noemí Martín, y Foro, Paloma Menéndez, habían aceptado esa idea, pero ninguna la ejecutó, por lo que, en este momento, la deuda en concepto de atrasos del Gobierno regional con Ascege supera el 1,5 millón de euros. De aceptarse el plan propuesto por Ascege, en el que sería considerado como 'socio' del Principado en la gestión de esa red, la patronal geriátrica apuesta por no llevar adelante la demanda judicial que estudia para lograr el pago.