Los ayuntamientos cifran en 40 millones la deuda pendiente del Principado

La deuda que el Principado arrastra con los ayuntamientos ronda en este momento los 40 millones de euros. Asciende, en concreto, a 39,6 millones, según los datos que maneja la Federación Asturiana de Concejos (FACC), una cifra que en su práctica totalidad tiene que ver con la aportación del Gobierno regional a la financiación de los servicios sociales -gestión del salario social, atención a domicilio...- que prestan los consistorios. Esta demora en los pagos ha llevado a muchos alcaldes a una situación casi límite, forzados a solicitar créditos a las entidades bancarias a elevados intereses para poder atender el pago de las nóminas. Existe, con todo, un compromiso por parte del Ejecutivo de desbloquear a la mayor brevedad posible al menos el 50% de esa cuantía.

La situación es delicada para muchos ayuntamientos, especialmente para aquellos de pequeño y mediano tamaño, mayoritarios en Asturias. En el conjunto de España, según los cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los impagos superan los 1.000 millones de euros. En el Principado esa cifra se sitúa al borde de los 40 millones, con la gestión de los servicios sociales en el ojo del huracán.

¿Dónde radica el problema? En esencia, en que esos servicios son una competencia directa de la comunidad -en este caso del Principado- que en la práctica prestan los ayuntamientos, en virtud de unos convenios que fijan una serie de condiciones y la financiación que aporta el Gobierno regional. La teoría es sencilla pero, en la práctica, los alcaldes se quejan de que el Ejecutivo demora los pagos, con lo que son los ayuntamientos los que deben hacer frente a los gastos. Y como sus recursos propios ya están comprometidos, se ven obligados a solicitar créditos, en un mercado bancario exigente como el actual, básicamente para pagar las nóminas de los trabajadores que se ocupan de esos servicios sociales. La situación es delicada y lo será aún más si a medida que avanza el año no se encuentra una solución.

Solución en la que los alcaldes confían. Por varias razones. Una de ellas, quizá la más relevante, es el interés mostrado por la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, por desenredar esta madeja. Díaz conoce bien la realidad municipal, no en vano ocupaba hasta hace unas semanas la Alcaldía de Langreo, y ha trasladado a los responsables locales su voluntad de desbloquear con la mayor premura posible el pago de al menos el 50% de esos casi 40 millones de euros.

Otra cuestión es cómo evitar que este problema, que ya se ha dado en anteriores años, se repita en el futuro. Con vistas a ello, el presidente de la FACC, Antonio de Luis Solar, trasladó al jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, en la entrevista que ambos mantuvieron al inicio de la legislatura, una fórmula alternativa a la actual. Se trataría de que el Principado, en lugar de tener que desembolsar de una sola vez la partida correspondiente a los servicios sociales -este año esos 39,6 millones- lo hiciera en varios plazos. Por ejemplo, en marzo, junio y octubre. Este sistema, expuso en su momento De Luis Solar, garantizaría a los ayuntamientos un horizonte económico claro con vistas a la planificación del ejercicio presupuestario.

La polémica de las deudas de las comunidades autónomas con los ayuntamientos rebrota a la par que el Ejecutivo central pone sobre la mesa su plan de reforma de la administración local. El sentir mayoritario de la FACC es de descontento ante el hecho de que en los planes de La Moncloa esté el trasvase de competencias de los municipios a las diputaciones y la pérdida de peso político de las entidades locales, en lugar de abordar una definición clara de los cometidos de los concejos y la garantía de una financiación clara y estable.