El Principado habilitará comedores para los funcionarios en edificios públicos

El Principado puso ayer negro sobre blanco la propuesta que aprobará el Consejo de Gobierno y que incluye los ajustes a los empleados públicos de la Administración regional. Medidas, entre las que se incluye la ampliación de la jornada laboral a los funcionarios. Los sindicatos no suscriben este planteamiento y así lo han trasladado en las reuniones que se han celebrado a lo largo de la presente semana. Aseguran que no pueden compartir unas medidas que suponen una regresión en los derechos de los trabajadores.

Pocas compensaciones para tanto retroceso, opinan los representantes sindicales, que salen de estas conversaciones con dos compromisos por parte de la Administración regional. El primero, ya conocido, la flexibilización a la hora de aplicar las dos horas y media más que tienen que trabajar los funcionarios desde el pasado mes de julio. La segunda, desvelada ayer, es que se habilitarán en todos los edificios públicos espacios a disposición de los empleados para que estos, si lo consideran oportuno, puedan almorzar. Los sindicatos habían trasladado esta solicitud como contrapartida al hecho de que los empleados públicos tendrán ahora que hacer dos horas y media más a la semana, además de que tendrán menos poder adquisitivo por los recortes en sus nóminas

La propuesta definitiva para los empleados públicos, cerrada con el rechazo de todas las centrales presentantes en la Mesa General, será ahora trasladada al Consejo de Gobierno para su aprobación, que no se producirá antes de dos semanas. El motivo es que el decreto que regula la actividad de los funcionarios es una disposición de carácter básico y eso significa que se deben habilitar diez días como periodo de alegación para que cualquier ciudadano pueda hacer observaciones a la propuesta.

Los sindicatos acudirán a ese periodo de alegación para mostrar su rechazo y ofrecer sus alternativas. No les valen los argumentos del Gobierno regional ni tampoco que no se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce una invasión de las competencias en materia de función pública.

De momento, los sindicatos anuncian un final del verano «caliente» con más movilizaciones. La mirada está puesta en la gran marcha en defensa de los sectores públicos prevista para el próximo 15 de septiembre en la que, según estimaciones de las centrales, podrían desplazarse a Madrid desde Asturias más de cinco mil personas.