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La consejera de Educación: «Si los encontramos con porros, ¿se los dejamos o se los quitamos?»

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La consejera de Educación: «Si los encontramos con porros, ¿se los dejamos o se los quitamos?»

Educación ordena modificar la circular del centro que pedía permiso para aplicar correcciones físicas al alumnado tras una polémica nacional

17.01.13 - 00:18 -
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«Si los encontramos con porros, ¿se los dejamos o se los quitamos? O si dos personas se están peleando e intento separarlas, ¿eso es contacto físico, o no?, ¿qué hago si soy la profesora que está allí? Tendré que separarles, ¿no?». Todas esas preguntas se formuló ayer en voz alta la consejera de Educación del Principado, Ana González, para instar a la sociedad asturiana a que «reflexione sobre la responsabilidad del profesorado» y justo antes de dar una de cal y otra de arena ante la polémica de repercusión nacional suscitada después de que EL COMERCIO revelase que el Instituto de Enseñanza Secundaria Nº 1 de Gijón había solicitado, a través de un documento, la autorización de las familias para que los docentes pudiesen corregir comportamientos inadecuados de sus alumnos utilizando, si lo considerasen preciso, el «contacto físico».
La consejera tomó cartas en el asunto de buena mañana, enviando a la Inspección al instituto con una llamada al orden y a modificar una circular que, según González, «es muy desafortunada».
«No podemos estar de acuerdo con ella, puesto que vulnera el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado», sostuvo la titular de Educación ya por la tarde, durante una entrega de diplomas en otro instituto gijonés, el Emilio Alarcos.
Y, después de la de cal, llegó la de arena: «Pero que no estemos de acuerdo con esa circular y que se tenga que cambiar no tiene que ocultar una situación que se da, que es que el profesorado asume una responsabilidad de la que muchas veces la sociedad y las familias no son conscientes, se les olvida». Algo, añadió, que, sin embargo, «se intentó explicar a las familias en unos términos poco acertados».
Ella procuró hacerlo mejor y aseguró que «no se está hablando en ningún caso de castigos físicos ni de cacheos generalizados», dijo en alusión a que también se requería de las familias que autorizasen al profesorado a registrar a los alumnos, así como sus pertenencias.
«No somos quiénes para hacer eso y nunca el profesorado asturiano ha intentado criminalizar a nuestros estudiantes. No están pidiendo un cheque blanco para hacer no sé qué, ni diciendo que tenemos un alumnado descontrolado. No estamos hablando de utilizar la violencia, ni dentro ni fuera del aula. No era esa, ni mucho menos, la pretensión del centro, pero trabajamos con gente joven y a veces puede surgir algún problema», puntualizó la consejera, que defendió, finalmente, que «el profesorado tiene que tener autoridad, porque, si no, es imposible impartir clase. Tenemos que ser figuras respetadas. Y, para eso, necesita que se reconozca su papel y su labor, porque cada vez que un profesor entra al aula no entra como si entrase a un bar».
Así que, contra lo defendido por sus antecesores socialistas en el cargo, la titular asturiana de Educación defendió que se legisle al respecto, como ya se ha hecho en otras comunidades: «Yo estoy por la autoridad del profesorado. Ya discutiremos el contenido de la ley».
Precisamente, la Junta aprobó a finales del mes pasado por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley de autoridad del profesorado, por lo que se iniciará la tramitación para su debate en sede parlamentaria a propuesta de UPyD.
Un «escándalo», según IU
El debate, no obstante, se prevé enconado, ya que son muchos y muy variados los matices que los grupos pretenden introducir en el capítulo de enmiendas.
Fernando López Valverde, coordinador del área de educación de IU-Xixón, tachó ayer mismo de «intolerable» el documento elaborado por el instituto gijonés como requisito para que su alumnado pueda participar en la Semana Blanca, «un escándalo que ha de hacernos reflexionar sobre la situación de la educación en nuestra sociedad».
La coalición censuró, además, la actuación de la dirección del centro por cuanto «evidencia un estado de desconfianza en la deontología profesional de unos profesores que la tienen por mérito propio y por haberse ganado su puesto en unas oposiciones públicas». Y porque «no es aceptable que en un Estado democrático maduro se ponga en cuestión la capacidad del profesorado para atajar los conflictos con otro tipo de técnicas».
«Lamentamos que el pensamiento conservador pretenda calar en el sistema educativo hasta ese punto», cargó IU. «Cuando las familias nos confían a sus hijos, esperan que actuemos», precisó González. Primer matiz.
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