Bienestar plantea dar salida a pisos vacíos privados con un precio límite de alquiler
Ofrece garantías frente a impagos y a los inquilinos, una cuantía tope en función de la superficie útil y de si la vivienda tiene o no más de 10 años
ELENA RODRÍGUEZ
Martes, 23 de febrero 2016, 03:08
El director general de Vivienda, Fermín Bravo, desgranó ayer las medidas del Programa de Garantía Habitacional 2016, orientado a evitar que familias con dificultades económicas se quedan sin hogar. Entre las 22 líneas de actuación, figura un programa de intermediación para dar salida a los pisos vacíos de particulares. Consistiría en ofrecer a los dueños garantías frente a posibles impagos y a los inquilinos, un precio más asequible de alquiler, pues la intención es establecer un límite máximo de arrendamiento.
Según explicó Bravo, a preguntas de Podemos, la fórmula no es nueva, pues ya existe en Avilés desde 2012 bajo el nombre de 'Avilés Alquila'. «Si la iniciativa la pusiéramos en marcha solo nosotros (en relación a la Dirección General de Vivienda) o Vipasa, tiene visos de no prosperar, pues en otras comunidades se ha hecho así y ha fracasado», señaló. Por eso, la intención de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales es contar con 'agentes colaboradores'. Se trataría de agentes de propiedad inmobiliaria, aquellos que tengan una oficina inmobiliaria, entidades municipales (como la Empresa de Vivienda de Gijón u Oficina de Vivienda de Avilés) y ONG. Serán homologados por la Dirección General de Vivienda y Vipasa los supervisará, que centralizará, a su vez, toda la información. Vivienda ha establecido tres zonas geográficas (A, B y C) y el precio límite se establecerá en función de la superficie útil y si la antigüedad del piso es inferior a diez años o superior. Cuando nació 'Avilés alquila', el precio medio estaba en 370 euros, con un rango entre los 245 y los 470. Bravo apuntó que habrá también un modelo de contrato único de alquiler, con el pago de la comunidad a cuenta del dueño.
Sin acuerdo con el 'banco malo'
Bravo también se refirió a la falta de acuerdo con el Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocido como el 'banco malo' para disponer de viviendas y destinarlas a alquiler social. Rompió en noviembre las negociaciones por dos cláusulas que consideró inasumibles. Una de ellas hacía referencia a que hasta la mitad podría estar ocupadas ilegalmente. «Entonces, el Principado tendría que regularizar a esas familias o desahuciarlas». Y la segunda «obligaba a las comunidades autónomas a reparar las viviendas para garantizar su habitabilidad» para devolverlas después al Sareb. Nuestra prioridad, dijo el director general, «es rehabilitar nuestras 384 vacías».
Sin embargo, Madrid y Cataluña lo han firmado, cuando hay que pagar 75 euros mensuales por cada una de ellas. Madrid, apuntó, abona incluso el IBI, y Cataluña, en vez de un contrato de cuatro años, ha suscrito uno de ocho. Llegado a este punto, aludió a la «complejidad jurídica» de forzar a las entidades bancarias para que acepten la dación en pago, como ya ocurre en Andalucía. «Ese laberinto jurídico nos impediría avanzar -confesó-, aunque todo se puede estudiar». Asimismo, invitó a los bancos a «dar a conocer su cifra de viviendas vacías, porque seguro que habrá sorpresas, en vez de seguir con el 'run run' de cientos y miles de ellas».
La medida más novedosa de todo el programa es la aplicación de la metodología Housing First. Consiste en ofrecer a personas que viven en la calle una vivienda asequible sin pasar previamente por un albergue o una casa compartida. El programa piloto empezará en Avilés y con diez viviendas repartidas no solo en esta ciudad, sino también en Oviedo y Gijón. «Se trata de un trabajo de acompañamiento, de avalar sus decisiones y ayudarle. No es una labor de orientación». Para ello, la Fundación Rais formará a un equipo de educación social. Este proyecto solo existe en Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza.
Conocer la demanda real
Bravo hizo hincapié en la coordinación con los ayuntamientos para conocer la demanda real de vivienda (Avilés, Castrillón, Gijón y Corvera son los únicos que cuentan con registro), y destacó el protocolo con el TSJA para que, cuando llegue una demanda de deshaucio, contacte con los servicios municipales, y con el turno de oficio para que conozca las medidas que protegen al deudor tanto hipotecario como de alquiler. Anunció que se rebajarán las tarifas de alquiler de las viviendas de Vipasa para colectivos especiales y que en las promociones con baja ocupación se reservarán dos viviendas con dificultades de pago. La Oficina de Intervención contra los Desahucios se centrará en los desalojos de alquileres.