26 concejos incumplen la ley al tener símbolos franquistas, según el Gobierno regional

Si Franco levantase la cabeza en Mingorrubio, observaría con notable satisfacción una Asturias en la que su rastro sigue muy presente. O, al menos, eso es lo que se deduce del mapa de símbolos franquistas realizado a partir del catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura, elaborado por la comisión de expertos creada a tal fin por el Gobierno del Principado durante la pasada legislatura y actualizado por el Ejecutivo autonómico el mes pasado. Un recorrido desolador para cualquier demócrata, porque, si atendemos a sus datos, más de medio centenar de vestigios de la dictadura siguen poblando la región de Oriente a Occidente, con especial mención a Oviedo, el concejo de que de largo acumula más huellas dictatoriales (hasta nueve), además de un baile de nombres de calles sin parangón.

Placas, escudos, vítores, monumentos, cruces... En total, según la radiografía publicada por la Dirección General de Emigración y Memoria Democrática del Gobierno regional, 26 municipios asturianos se sitúan al margen de la ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática. Una realidad que resulta desesperante para los colectivos memorialistas asturianos, que recuerdan que «la ley es de obligado cumplimiento», al tiempo que urgen al Principado, «el responsable último de hacerla efectiva», a que obre en consecuencia y la haga cumplir.

«La situación es especialmente sangrante si tenemos en cuenta que hace ya trece años que se aprobó la ley Zapatero y que ha pasado más de un año de la entrada en vigor de la asturiana, todavía más contundente y precisa en este sentido. No entendemos que sigamos así cuando la eliminación de estos símbolos es algo que no tiene un gran coste económico, ni tan siquiera político, salvo quizá en el caso de Oviedo», defiende Rafael Velasco, abogado y miembro de la junta directiva de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). Una legislación que no deja lugar a interpretaciones en cuanto a los plazos, porque la normativa fijaba el 8 de marzo como límite para proceder a la eliminación de todos estos vestigios, pero el asunto se paralizó por el estado del alarma.

Por ello, el pasado 3 de junio, tras la reanudación de los plazos administrativos, el Principado procedió a enviar requerimientos para el cambio de denominación de las calles señaladas por los expertos y la retirada de símbolos en cuatro concejos, que a partir de esa fecha tenían un mes para iniciar los trámites. O lo que es lo mismo: el plazo expirará esta misma semana.

«No se explica tampoco por qué hace ese requerimiento solo a cuatro concejos. No sabemos por qué al resto no», apunta Rafael Velasco, que pide, por ejemplo, «la eliminación de todas las placas del Instituto Nacional de la Vivienda que mantienen el yugo y las flechas en decenas de portales». O el cambio de nombre del colegio público Julián Gómez Elisburu -«un insigne falangista»-, en el barrio gijonés de Pumarín, y que está en el punto de mira de los expertos junto con el centro avilesino Apolinar García Hevia.

Tras eliminar del mapa los vestigios de la conocida como «cruz de los caídos» del cementerio avilesino de La Carriona, queda pendiente también el escudo que preside la Laboral -donde se instalará una señalización informativa y se realizará un «cambio en el guión» de las visitas con el fin de incluir la referencia al origen del edificio y su condición como «paradigma de la arquitectura franquista»-, además de otros elementos cuya retirada reviste más complejidad porque son propiedad de la Iglesia, que posee la titularidad de 23 de ellos, como recordó recientemente la consejera de Presidencia, Rita Camblor, quien prometió enviar un requerimiento a las autoridades eclesiásticas para su supresión o para la colocación de las placas explicativas que prevé la ley autonómica.