Más de 5.500 empleados de la Administración regional cesarán o cambiarán de destino este año

Varios factores coinciden para provocar un reajuste de personal histórico en el Principado: en los próximos meses está previsto que más de 5.500 empleados públicos cambien de destino, adquieran la plaza en propiedad o se vean cesados. La administración, tradicionalmente asociada a la estabilidad y el quietismo, está en plena transformación.

Tres son los principales vectores que explican tal volumen de cambios. De un lado el proceso de renovación con el cual el Gobierno de Adrián Barbón quiere romper con inercias del pasado y poner al día la plantilla ampliando la proporción de trabajadores fijos. A ello hay que sumar los refuerzos realizados durante la pandemia y de los que se prescindirá conforme avance la vacunación. El tercer eslabón está en los reajustes pendientes en el organigrama, con un ente que desaparece (la Junta de Saneamiento) y otro de nueva creación (la Agencia de Ciencia). En suma la administración está ante un reajuste que terminará afectando a uno de cada 14 empleados públicos.

Los procesos avanzan en paralelo. El que más atención ha copado en las últimas semanas ocurre en el área de administración y servicios, esto es, el personal de consejería al margen de docentes y sanitarios. De los 9.000 efectivos que se contaban en diciembre, 2.700 eran funcionarios interinos, esto es, personal que aprobó una oposición pero sin lograr plaza en propiedad y fueron reclutados desde la bolsa de empleo.

Suponen una tasa de temporalidad del 30% que el Principado se ha comprometido a rebajar con el presupuesto vigente hasta el 6%. Para ello el director de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, dijo estar avanzando ofertas de empleo con las que «tras las negociación preceptiva, de esos 2.700, 2.300 pasarían a estar ya con contrato indefinido». Es decir, los puestos se adjudicarían a funcionarios fijos, que relevarían a los interinos.

La decisión busca hacer borrón y cuenta nueva en la plantilla. «El problema aquí es que se cronificó la situación, no se sacaban las plazas y el empleado temporal por tanto no podía tampoco aspirar a ganarlas en propiedad», analiza Sergio Peña, presidente de CSIF Asturias. «Hay otras regiones con interinos, pero ninguna con interinos que llevan tanto tiempo siéndolo», indica,.

El goteo de despidos comenzó el lunes pasado, con 60 trabajadores de la escala de administrativo y auxiliar, pero continuará en los próximos meses. La oposición, CSIF, UGT y USO instaron a parar. El Principado sigue aduciendo que es lo que le marca la normativa y asegurando que buscará fórmulas para facilitar las opciones de reenganche de los interinos en futuras convocatorias. Una paralización de los procesos también perjudicaría a los funcionarios que están esperando para ocupar su plaza.

La segunda fuente de cambios está subiendo el escalafón. Durante lustros los gobiernos regionales defendieron que la forma de promocionar a funcionarios a los puestos de jefatura de servicios era la libre designación. «El concurso de méritos deja de por vida el nombramiento. La libre designación siempre es revocable si no se está cumpliendo la función con eficacia», llegó a argumentar un consejero.

Las sentencias evidenciaron que el nombramiento discrecional debe limitarse a puestos de confianza. «El Principado, sin embargo, fue haciendo mal los concursos para alargar la situación y seguir con los que había nombrado 'a dedo'», dice el presidente de CSIF. Así fue hasta que esta legislatura Barbón prometió normalizar el tema. Dejó sin recurrir las sentencias, esperó que se dictaran todas y el viernes el consejo de gobierno pudo ya modificar la relación de puestos para desbloquear un concurso de méritos para 1.200 jefaturas.

El tercer foco de cambios está en los refuerzos de la pandemia. Con la ayuda de los fondos estatales Salud se reforzó con 2.000 efectivos y la red pública educativa con 400 docentes más. El presidente ha prevenido que no hay dinero para mantenerlos en plantilla, por lo que se irá prescindiendo de ellos conforme lo permita la pandemia. Los sindicatos amenazan con tensar la cuerda para no perder efectivos.

En materia de reajustes en la próxima semana se aprobará la extinción de la Junta de Saneamiento y sus 12 efectivos pasarán a una nueva dirección general. Para más adelante queda crear la Agencia de Ciencia, que requiere entre 20 y 50 empleados. También incorporar trabajadores temporales que ayudarán a gestionar los nuevos fondos de la UE.

La administración busca así ponerse al día de cara a la gran transformación que se le viene: el 50% de sus efectivos se irán jubilando en la próxima década.