Los sindicatos reclaman al Principado que detenga la «sangría» de ceses de interinos
CSIF, UGT y CC OO piden cambiar el sistema de contratación, Usipa cree es tarde y CSI lamenta «un problema que creó la propia administración»
Excluidos docentes y sanitarios, el Principado tiene unos 9.000 trabajadores de que en diciembre 2.700 eran temporales. El objetivo declarado por el ... Ejecutivo regional es rebajar esa tasa de interinidad del 30% al 6,07% con el presupuesto en vigor. Según explicó en la presentación de las cuentas el director general de Función Pública, Miguel Ángel Rodríguez, esa transición se lograría con los concursos de traslados y ofertas públicas activadas. Gracias a ello «de esos 2.700, 2.300 pasarían a estar ya con contratos indefinidos», dijo.
La transición ha comenzado. El Boletín Oficial del Principado publicó este lunes el resultado de un concurso de traslados ofrecido a 110 funcionarios de carrera de la categoría de auxiliares y administrativos. Entre los destinos que se puso a su disposición había puestos ocupados por interinos, algunos desde hace más de 20 años. Son unos 60 los trabajadores temporales que han tenido así que cesar para dejar su hueco a funcionarios de carrera.
El goteo va a continuar hasta final de año con el resto de procesos en marcha. La Junta General aprobó hace un mes una proposición instando a detenerlos y analizar soluciones para los interinos en situación de fraude. El Principado en cambio avanza aduciendo que es lo que le marca la ley. El vicepresidente Juan Cofiño esboza como medidas paliativas incrementar la puntuación que se otorga a la experiencia en los concursos oposiciones que se convoquen en el futuro y encontrar alguna alternativa para quienes estén cerca de la jubilación. También urge desde el Ejecutivo autonómico al nacional para que reforme la legislación en la materia.
Las medidas que se apuntan exigen tiempo mientras a corto plazo se van a ir acumulando ceses que comportan ir al paro a la espera de otra oportunidad en la bolsa de empleo. En el Principado insisten en que la renovación que materializan no acabará en estos relevo;según sus cálculos en los próximos diez años se irá jubilando el 50% del personal, dejando huecos y oportunidades de empleo.
Cambio de bases
La mayoría de los sindicatos presentes en la mesa de FunciónPública mostraron ayer su rechazo por la sucesión de despidos de interinos. UGT emitió un comunicado instando al Principado a que «con carácter urgente, paralice la sangría de ceses de personal temporal, modificando las bases de las ofertas ya convocadas en el sentido de valorar los méritos hasta el máximo porcentaje legal establecido y, las próximas en convocar que sea en la misma línea». También solicita «modificar el decreto de contratación temporal, de forma que se elaboren listas de empleo como las que ya existen en otros ámbitos de la administración».
La solución que apremia coincide con la que CSIF reclamó el pasado 20 de abril, cuando solicitó la convocatoria urgente de la mesa de negociación, sin éxito. «En el ámbito de las consejerías actualmente la experiencia solo cuenta un 25% si has pasado los tres exámenes, lo que en la práctica supone que solo te sirve para elegir destino si has aprobado la oposición, pero no te ayuda a superarla; en Sanidad sin embargo cuenta antes y más», indica Sergio Fernández-Peña.Los interinos reclaman su pase a fijos, algo a lo que el presidente de CSIF dice no oponerse, pero « con la legislación a día de hoy no se puede hacer; lo que sí podemos hacer es modificar la resolución de contratación temporal para que se les puede reconocer la experiencia ya».
En CC OO señalan como prioridad la de «defender puestos, no personas», lo que implica que la plantilla evolucione a una mayor proporción de fijos. «No podemos defender esta sangría de gente que se va a la calle; deberían contar con un examen más fácil que reconozca su experiencia», indica Luz García, nueva secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
«Aquí se conjugan los derechos de dos tipos de trabajadores y el problema es que no tenían una planificación clara para ello», lamenta José Luis González Rodríguez, secretario general de Usipa, quien considera que la ponderación de los méritos llega tarde. «Esta realidad se sabía que iba a ocurrir y es muy duro encontrarte a gente con 50 años que ahora se va a la calle», confía.
En la CSI reconocen que este «es un problema que creó la propia administración al no ir sacando ofertas públicas estos años», según explica Miguel Ángel González. «Entendemos la queja de este personal», aprecia, al tiempo que defiende la oposición «pura y dura como el mejor sistema para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad» que la ley exige para acceder a la función pública.
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