La investigación judicial del accidente en Cerredo avanza con una nueva inspección de la Guardia Civil

Esta nueva inspección responde a las necesidades de la investigación judicial que se está llevando a cabo, bajo secreto de sumario, en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea, y a la que se han incorporado recientemente dos peritos independientes, a petición de la Fiscalía del Principado.

Durante la primera inspección técnica, realizada el 8 de abril —apenas unos días después del accidente—, se detectó la presencia de gas grisú en el interior de la mina, lo que confirmó la principal hipótesis sobre la causa de la explosión. A partir de ahí, las pesquisas se han centrado en determinar si la actividad de la empresa Blue Solving se ajustaba a las licencias concedidas —de investigación y de retirada de materiales, pero no de extracción de carbón— y si, además, se cumplían todas las medidas de seguridad.

En aquella primera inspección ocular también se comprobó la existencia de dos huecos, de más de 18 y 24 metros de longitud respectivamente, en el nivel tercero de la explotación, el mismo en el que se produjo la explosión. Para el Gobierno del Principado, estos huecos son una evidencia clara de extracción ilegal de carbón en el interior de la mina.

En el marco de la investigación en curso, la Fiscalía del Principado de Asturias solicitó al Juzgado de Cangas del Narcea el nombramiento de dos ingenieros de Minas que elaboren un informe pericial complementario. El fiscal delegado de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís, contará además con el apoyo de la unidad especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la investigación del siniestro. Además, ante la gravedad de los hechos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encomendado a dicha unidad que establezca un cauce de contacto permanente con el fiscal delegado asturiano, quien comunicará las novedades que se vayan produciendo al fiscal de sala coordinador, Ángel Muñoz Marín, con el fin de garantizar la total implicación y coordinación del Ministerio Público en la investigación.