La jueza del accidente de Cerredo pide más funcionarios y reformar el juzgado para avanzar

En un primer momento el Principado tomó la iniciativa política de demandar refuerzos para el juzgado. El presidente Adrián Barbón llegó a hablar del asunto con el ministro Félix Bolaños, logrando su compromiso. El pasado día 8 el consejero al cargo del área de Justicia, Guillermo Peláez, informó de que solicitaría al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de un juez de refuerzo para Cangas del Narcea.

El compromiso político que de esta forma se evidenciaba era claro. El procedimiento para este tipo de refuerzos, también. Corresponde al CGPJ, previa solicitud del Tribunal Superior de Justicia de cada territorio, determinar dónde se refuerzan los juzgados, siguiendo así criterios técnicos. Dejar en manos del poder político esa facultad permitiría reforzar los juzgados que llevan las causas que más interesen al gobierno de turno.

Recientemente se ha vivido una situación elocuente. Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, anunció un refuerzo al juzgado que investiga la dana, recordando al CGPJ que decidir ese tipo de impulsos era facultad suya.

En el caso de Cangas del Narcea el propio Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ya había solicitado a la jueza y al letrado de la administración de justicia que emitieran informes detallando sus necesidades. El asunto fue analizado por la Sala de Gobierno del TSJA en su sesión del 11 de abril. Según el acta de la reunión, «ante la coincidencia de los informes y obrando en la secretaría de Gobierno antecedentes de solicitudes referidas a la adecuada dotación de la plantilla, la Sala considera necesario recomendar que se atiendan las solicitudes de asignación de dos tramitadores con formación suficiente a fin de reforzar las labores de la instrucción y la sobrecarga que pudiera derivarse de esa circunstancia».

Además de esos dos funcionarios otras veces reclamados, la jueza pidió (y la Sala de Gobierno del TSJA respaldó) que «se adecúe la sede judicial para que disponga de espacio conveniente para ubicar a los nuevos funcionarios, así como para disponer de un entorno conveniente para la práctica, con las garantías de confidencialidad y con la correspondiente dotación de medios audiovisuales, de las declaraciones y demás circunstancias procesales que sea necesario practicar».

La jueza solicita también que se le garantice «la disponibilidad de medios telemáticos y de comunicación suficientes y en adecuadas condiciones de funcionamiento para atender el servicio del órgano judicial y, en particular, las necesidades derivadas de la instrucción de la causa».

Cabe recordar que el Juzgado de Cangas del Narcea era uno de los más obsoletos de Asturias, razón por la cual en septiembre se trasladó a los trabajadores a una ubicación provisional para avanzar las obras de rehabilitación integral. El Principado invierte 4,7 millones en esta actuación financiada con el Plan de Recuperación y que ejecuta Proyecon Galicia con un proyecto que tiene año y medio de plazo.

En esta ocasión el Principado está siendo sensible a las peticiones. Según confirma la Consejería de Hacienda «el refuerzo de personal está en tramitación y la previsión es que el primero de ellos esté trabajando el 5 de mayo. Y el segundo a continuación, previsiblemente, la semana siguiente». Ya se ha instalado rl mobiliario para ambos puestos. «Para contar con estos refuerzos se ha procedido a la pertinente tramitación administrativa», explica la consejería con competencia en los juzgados.

Sobre las mejoras reclamadas en las dependencias provisionales desde donde ahora se imparte justicia en Cangas del Narcea, «los técnicos de infraestructuras y de informática ya estuvieron hace unos días en el lugar para ver las necesidades que se demandaban. Se ha tomado la decisión de insonorizar dos locales, que se llevará a cabo en el mes de mayo. Se calcula un coste de unos 10.000 euros», detalla Hacienda. Además, asegura, «se trabaja ya en las pertinentes mejoras tecnológicas e informáticas» para ayudar en la investigación.