La administración de Asturias es la que más tarda en pagar a sus proveedores: 35 días de media

Por ley todo el sector público debería liquidar a las empresas en menos de 30 días. Según la estadística ministerial, Asturias encadena 36 meses incumpliendo ese parámetro, un caso único. Hay que remontarse aún más atrás, a septiembre de 2020, para encontrar un mes en el que el Principado estuviera por encima del resto en la atención a pagos.

Andrés Ruiz, diputado del PP de Asturias y presidente de la formación en Gijón, registró una reciente pregunta para conocer «qué medidas concretas» iba a implantar el Principado para mejorar. La respuesta, que firma la directora general de Presupuestos y Finanzas, sostiene que la administración asturiana «tramita la mayor parte de sus obligaciones con terceros dentro de los plazos legales» y que existe una «posición de tesorería solvente» gracias a la cual se puede pagar «en tiempo y forma».

Aclarado que hay recursos disponibles, la respuesta matiza la validez del indicador de referencia en la materia, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP): «Es un indicador que no tiene en cuenta todas las obligaciones de pago y no se corresponde exactamente con el tiempo que cada Administración emplea para el pago de facturas, son muchos los factores que dan lugar a esta ratio, pesando en particular el importe». Ello explica que «aun cuando la mayoría de las obligaciones se satisfagan dentro de los plazos legales el índice agregado puede superar los 30 días».

El Principado asume que «desde hace bastante tiempo» su indicador supera los 30 días, «siendo el exceso controlado». «La razón para ello deriva de una serie de contratos concretos por importe elevado en los que la normativa de contratos no es compatible con la normativa de morosidad», remite. «Nos encontramos ante contratos con incidencias o contratos de emergencias en los que el proceso de reconocimiento de las obligaciones es complejo y requiere de un plazo superior a 30 días lo que impide efectuar el pago en dicho plazo».

Sobre esta casuística, la directora general subraya que «la Administración legalmente únicamente puede abonar obligaciones reconocidas, y en estos supuestos no se ha finalizado el procedimiento que da lugar al reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago».

Sobre el objeto de la pregunta, esto es, las medidas concretas para mejorar el ratio y acercarse al resto de gobiernos autonómicos, la directora general indica que en junio pasado se emitió una instrucción fijando plazos máximos para cada trámite a la hora de gestionar las facturas. La Intervención General por su parte avisa a los gestores de las facturas que tienen pendientes de conformar, mientras que la propia Dirección General de Presupuestos se encarga de notificar a cada gestor los recibos que ya llevan 20 días conformados pero que siguen sin pagar.

Pese a esos esfuerzos, los tiempos del Principado siguen distando de los del resto de comunidades. El último informe por entidades, del pasado abril, señala que las consejerías tenían un PMP medio de 56,4 días, la Universidad de Oviedo en los 38,04 o el Bellas Artes en los 86 días. Ninguno se acerca a Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), que está en los 146 días, apenas 20 menos que el año pasado pese a la polvareda que levantó su situación.