Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
La consejería de IU lanza un borrador de ley que quiere acabar con el consumo compulsivo, los contratos con letra pequeña, los intentos de marear al cliente para que no cancele un servicio y que obliga a detallar lo que durará un producto
El Gobierno de Asturias se ha propuesto ampliar por ley los derechos de los consumidores y protegerlos frente a los abusos empresariales. Para ... ello la Consejería de Ordenación del Territorio, que controla IU-Convocatoria, acaba de someter a consulta pública un borrador de ley de 78 folios y 93 artículos que aspiran a cambiar el día a día de los asturianos. Piense en los contratos que tiene de luz, teléfono móvil, en las veces que ha recibido una llamada intempestiva para ofrecerle un producto, o en las vueltas que ha tenido que dar para presentar una queja.
El anteproyecto de ley quiere poner coto a todo ello. Para eso pretende dotar al Principado «de instrumentos modernos y eficaces para el control del mercado y la resolución de conflictos», y lo hace con un texto que dice colocar a la administración asturiana «a la vanguardia del Derecho de consumo europeo y comparado». Todas las obligaciones y sanciones que describe, aclara, son de aplicación a infracciones que se cometan en Asturias, con independencia de dónde tenga la sede social el vendedor o si la transacción se hizo por internet. Es decir, marca obligaciones que deberían respetar plataformas como Amazon.
La propuesta especifica que el consumidor tiene derecho a que se le informe sobre «el impacto ambiental» del producto que adquiere, «su durabilidad, composición, condiciones de reciclabilidad, posibilidad de reutilización». El comprador debe saber el precio con claridad, dónde poder reclamar y se especifica que no se le podrá marear caso de querer darse de baja de un servicio. Todo ello debe ir con letra clara, lenguaje «comprensible» y en formatos adaptados a personas con dificultades visuales, auditivas o cognitivas. De alguna forma se quiere acabar con el uso de la letra pequeña en anuncios y contratos.
La administración anuncia que quiere proteger al ciudadano «frente a prácticas comerciales desleales, clausulas abusivas, falta de conformidad, obsolescencia prematura, condiciones económicas opacas, precios no transparentes o cualquier actuación que cause perjuicio económico no justificado» al ciudadano.
El vendedor queda así obligado a aclarar tanto la caducidad como la duración de su producto. Uno de los puntos fuertes del anteproyecto es que aspira a alargar la vida útil de lo que se compra; para ello marca que quien venda productos duraderos deberá «garantizar un servicio de asistencia técnica adecuado, disponer de piezas de repuesto», detallar lo que va a costar eso.
Por medio del anteproyecto el Principado asume como obligación la de «fomentar, en colaboración con los agentes económicos y sociales, la reparación y reutilización de productos y el desarrollo de una red de reparadores locales». Quienes arreglen los productos quedan obligados a dar una garantía de al menos seis meses.
La norma anuncia «incentivos fiscales» a quienes elaboren sus productos con materiales reciclados o procedentes de reparación. El capítulo de prohibiciones incluye la de revender entradas a precio superior al original, negarse a a dar agua gratuita o cobrar por el envase para llevarse la comida que no ha sido consumida en el restaurante. También se prohíbe las visitas comerciales a domicilio (salvo que estén concertadas) o las prácticas abusivas y el uso de expresiones equívocas en los anuncios.
Para ser tomada en serio, el apartado sancionador fija en entre 150 y 10.000 euros la multa por infracciones leves, entre 10.001 y 100.000 las graves y hasta un millón las muy graves, con posibilidad excepcional de ir a más. Se define como grave por ejemplo vender productos duraderos sin garantizar su reparación, incluir cláusulas abusivas en los contratos o despachar productos deficientes.
La propuesta quiere ampliar la colaboración con las organizaciones que protegen a los consumidores, dándoles más apoyo y confiándoles más tareas. Crearía un Observatorio Asturiano del Consumo y una Red de Centros de Formación para el Consumo, además de proponer llevar la formación en la materia a las aulas. También se compromete a desincentivar el consumo compulsivo.
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