Cofiño se niega a convertir en una «puja» entre comunidades el plan de descentralización del Estado
Rechaza que haya casos de abuso de temporalidad en la Administración asturiana porque «no hay ninguna sentencia» favorable
Si alguien pensaba que el Principado de Asturias iba a tratar de presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacerse con alguno de los organismos estatales que, en atención al plan de descentralización de la Administración Pública, se pretenden asentar en las áreas más despobladas del país, se equivocaba. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, advierte de que este proceso no se puede resolver como si de una «puja» entre comunidades se tratara, en la que «cada territorio está empujando la puerta de la Administración del Estado a ver qué consigue» y donde la Administración central responda en atención de las «presiones de unos territorios y de otros». Todo lo contrario, entiende que debe hacerse de forma «objetiva» y rigurosa. De esta forma Cofiño quiso responder esta mañana, en la Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático que se celebró en el Junta, a una pregunta formulada por el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, quien le había cuestionado sobre si considera que Asturias puede ser una sede idónea para acoger el futuro Observatorio del Cambio Climático TIAMAT, desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Cofiño entiende que este órgano para el estudio de los sistemas marinos en Parques Nacionales «no parece que sea muy compatible» con Asturias, puesto que el Parque Nacional de los Picos de Europa, que esta región comparte con Castilla y León y Cantabria, «no tiene vinculación con los espacios marinos». En todo caso, Cofiño insiste en el error que, bajo su punto de vista, está suscitando el plan de descentralización de la Administración central, al que el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde hace unos días, y cuyo objetivo pasa por abrir a todo el territorio nacional la posibilidad de acoger organismos estatales que frecuentemente tienden a concentrarse en las grandes ciudades. Cofiño reitera que no se trata de una «puja» entre comunidades, sino de proceso competitivo para el que se ha aprobado un real decreto que fija unos criterios claros y transparentes, y que la decisión final del Consejo de Ministros deberá estar «muy bien motivada».
Abuso de temporalidad
Por otra parte, Cofiño ha informado de que el número de empleados públicos que han interpuesto recurso en el contencioso Administrativo en defensa de sus derechos por su situación laboral de temporalidad en la Administración asturiana asciende a 172, de las cuales 90 ya se han sustanciado y de ellas 88 han sido favorables al Principado, una se ha desestimado y en otra se ha desistido. De este modo, en respuesta a una pregunta del diputado popular Pablo González, quiso aclarar que no hay hasta la fecha «ni una sola sentencia favorable» que permita utilizar el término de abuso de temporalidad en la Administración Autonómica. En todo caso, ha reiterado que la Comisión de Empleo Público está elaborando un borrador de criterios para cuantificar el número de interinos que pueden verse afectados por el proceso de regularización que exige la nueva ley nacional. Según los primeros cálculos, en Asturias deberán estabilizarse antes de 2024 unas 7.000 plazas ahora ocupadas por interinos.
