Asturias suma deuda mientras cinco comunidades amenazan con llevar la quita a los tribunales

Este incremento contrasta con la tendencia a la baja iniciada en 2020, que había permitido acercar poco a poco –aunque sin alcanzar– el pasivo de Asturias al 13% del Producto Interior Bruto (PIB) que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No obstante, pese al repunte registrado en este segundo trimestre, la comparativa interanual sigue siendo favorable para Asturias. Si comparamos los últimos datos oficiales con los del segundo trimestre de 2024, cuando la deuda asturiana ascendía a 4.403 millones, se mantiene la evolución positiva en el balance general.

Además, aunque el pasivo absoluto haya crecido en este segundo trimestre de 2025, la Administración autonómica conserva su nivel de deuda pública en torno al 13,5% del PIB, sólo por detrás de Navarra (10%), País Vasco (11,2%), Canarias (11,4%) y Madrid (12,3%), por lo que Asturias continúa siendo la tercera comunidad de régimen común menos endeudada.

Aun así, el Gobierno regional ha recibido con los brazos abiertos el compromiso del Ministerio de Hacienda de asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, lo que, según el criterio de reparto utilizado por el departamento de María Jesús Montero, supondría para Asturias quitarse de un plumazo 1.508 millones de deuda, quedarse con un pasivo de 2.650 millones, situar sus números rojos en un porcentaje de entre 8,7% y 9,6% del PIB y recuperar así los niveles de endeudamiento previos a la crisis. Pero también ahorrar más de 30 millones de euros anuales en intereses.

El Principado fue, de hecho, una de las pocas comunidades que dio el visto bueno a esta medida en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pese a reconocer que no compartía al 100% el criterio de reparto, ya que la iniciativa nació envuelta en polémica. La mayoría de las comunidades, todas las gobernadas por el PP, han calificado la medida de «injusta y arbitraria» por haber sido impulsada por criterios políticos –se negoció con ERC para la investidura de Pedro Sánchez y luego se extendió al resto de las comunidades– y advierten de que «podría atentar contra los principios de igualdad y de justicia». Estos son, de hecho, algunos de los argumentos esgrimidos en sus alegaciones contra esta condonación por las comunidades de Galicia, Cantabria, Madrid, Extremadura y Canarias, que incluso amenazan con acudir a los tribunales si fuera necesario.