La quita de deuda: 1.508 millones y un acuerdo político que salta por los aires

El departamento que encabeza María Jesús Montero ha planteado una propuesta para distribuir 83.252 millones entre las comunidades de régimen común utilizando el criterio de población ajustada en un 75% de estos fondos, correspondiendo a Asturias una quita de 1.508 millones. A partir de ahí, ha ido introduciendo a modo de «ajustes» otros criterios con los que se prima a las comunidades más endeudadas y a las que subieron el IRPF para cuadrar sus cuentas entre 2010 y 2022 para repartir el 25% restante, del que Asturias no recibe ni un solo euro. ¿Cuál es la consecuencia? El Ministerio de Hacienda 'perdonará' 1.369 euros a cada asturiano (por población ajustada), frente los 2.285 euros que dejarán de pagar catalanes, andaluces, murcianos o valencianos.

El Gobierno del Principado ha mostrado su malestar con la introducción de estos «ajustes» que perjudican claramente a Asturias y el propio presidente autonómico, Adrián Barbón, reconoce abiertamente que no ve justos los criterios utilizados. Sin embargo, dando por buena la fórmula aplicada para repartir el 75% del montante, y valorando positivamente que con la quita de 1.508 millones de euros que plantea Montero para Asturias se reduce la deuda pública de esta comunidad en un 36%, el Ejecutivo asturiano ha dado el visto bueno.

Según los datos al cierre de 2023, Asturias tiene algo más de 4.000 millones de deuda que corresponden al 15% del PIB. De fructificar esta quita, la región se quedaría con una deuda de unos 2.700 millones, que representaría el 9,6% del PIB, y permitiría al Principado recuperar los niveles de endeudamiento previos a la crisis financiera. Desde el Gobierno regional destacan que esta medida mejorará su solvencia económica y su capacidad para acudir al mercado financiero, pero que también implicará un ahorro de más de 30 millones de euros anuales en intereses que esperan poder utilizar para gasto social e inversión productiva. Aunque eso también está por ver.

Ante la avalancha de críticas tanto políticas como empresariales, al considerar la quita «injusta» y motivada por un compromiso político con los independentistas catalanes –PSOE y ERC pactaron la condonación a Cataluña a cambio de la investidura de Pedro Sánchez–, el equipo de Barbón ha querido presentar la medida como la reestructuración de la deuda pública demanda ya desde hace años por todos los gobiernos. El Ejecutivo regional, incluso, la ve reflejada en uno de los puntos del acuerdo casi unánime –con la única abstención de Vox– alcanzado en 2020 por la Junta General sobre el posicionamiento a defender por parte del Principado de Asturias en una futura negociación del modelo de financiación autonómica. Aquel acuerdo planteaba, textualmente, que debía analizarse «una posible reestructuración de la deuda de las comunidades con la Administración central para impedir que el pago futuro de dicha deuda afecte negativamente a la prestación de los servicios públicos», si bien añadía que cualquier modificación «ha de ser ajena a la propia reforma del sistema y ha de hacerse de forma igualitaria para todos los territorios, sin penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable».

El PP, principal partido de la oposición y muy crítico con esta medida, ha dado por roto aquel pacto político alcanzado en la pasada legislatura y con el que la Junta General pretendía demostrar la posición casi unánime de Asturias en materia de financiación autonómica. El partido que lidera Álvaro Queipo entiende que el Gobierno de Barbón ha «traicionado» los intereses de Asturias apoyando esta quita en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles. Aducen los populares que, con la condonación, los asturianos asumen las deudas de los independentistas catalanes, incumpliéndose así el acuerdo pactado en la Junta General, puesto que éste recogía textualmente que la reestructuración de la deuda no debe «penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable».

El Gobierno regional y el grupo parlamentario socialista le han dado la vuelta a esos argumentos. Dicen que con su voto a favor de esta quita se acata lo recogido en el citado acuerdo de la Junta General y cargan contra el PP por querer «precipitar su autoexclusión» con la excusa de la quita para seguir la estrategia marcada por Génova y alinearse junto a Vox. Para los socialistas el acuerdo en materia de financiación sigue vigente diga lo que diga el PP, pero el documento que estaba llamado a presentar una imagen de unidad por parte de Asturias de cara a la negociación del modelo de financiación autonómica deja de cumplir tal función. Todo lo contrario. Y todo por una quita que ni siquiera está cerrada, puesto que para concederla el Gobierno central debe aprobar antes una ley orgánica y elevarla al Congreso, donde por ahora no está garantizada su aprobación.