Asturias exigirá a Sánchez una quita de su deuda y la ejecución del plan de cercanías

El Gobierno del Principado siempre se opuso a cualquier tipo de condonación de deuda argumentando que atentaba contra el principio de corresponsabilidad fiscal. No obstante, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, matizó ayer que «tampoco podemos obviar la superior responsabilidad del Estado en la tarea de garantizar una prestación equitativa de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio».

En este sentido, recuerda que en el acuerdo suscrito la legislatura pasada por todas las fuerzas políticas con representación en la Junta, salvo Vox, ya estaba recogida la necesidad de analizar una posible «reestructuración» de la deuda de las comunidades autónomas cuando esta pudiera afectar negativamente al normal funcionamiento de los servicios públicos, pero que esa reestructuración debía hacerse de «forma igualitaria para todos los territorios y sin penalizar a las comunidades autónomas más responsables».

Ahora, con el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC se abre la puerta a que esa quita de parte de la deuda -un 20%- sea extensible a todas las comunidades. «Desde Asturias valoramos muy positivamente que el acuerdo incluya expresamente que la condonación se aplique al resto de territorios y que el Estado podrá acudir a transferencias para que las comunidades puedan cancelar su deuda con terceros, es decir, que la medida no se limite a la propia deuda con el Estado», dijo Peláez.

Otra medida que incluye el acuerdo PSOE-ERC es el de la cesión de las competencias ferroviarias de cercanías, que en Cataluña se denominan «rodalíes». El debate sobre la solicitud de la gestión de las líneas de Renfe y antigua Feve ya se abrió la pasada legislatura, cuando IU pidió al Principado que iniciara los trámites para negociar esa cesión de competencias. El Gobierno regional se mostró reticente, debido a que el sistema de cercanías requiere de una importante inversión para su modernización. En resumen, que el Principado solo aceptaría asumir esa gestión si el Estado ejecutaba las pertinentes actuaciones o transfería a Asturias la cantidad necesaria para ser la propia comunidad la que las llevara a cabo.

Y ese discurso es el que ahora se mantiene desde el Ejecutivo autonómico. El Principado no quiere iniciar una posible negociación para asumir las competencias de la red ferroviaria de cercanías hasta que el Gobierno central no concluya el plan de modernización de la red, que incluye actuaciones por un importe de 1.500 millones de euros, de los que aproximadamente mil ya están en ejecución. «Primero que se culminen las obras del plan, luego ya veremos», afirman desde el Ejecutivo que preside Adrián Barbón.

El acuerdo entre el PSOE y ERC ha desatado toda una reacción política en Asturias. Mientras la derecha habla de «deslealtad», los partidos de izquierda aplauden que el acuerdo acerque la formación de un Gobierno, pero a la vez mantienen cierta cautela y se ponen en alerta ante posibles medidas que puedan discriminar a la región. «No admitiremos un trato distinto», coincidieron el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, y la diputada de Podemos, Covadonga Tomé.

Zapico defiende un marco político estatal «que no vaya contra nadie y que permita que todas las comunidades autónomas tengan las mismas posibilidades». Por ello, reivindicó «mecanismos» que permitan a Asturias «tener las mismas ventajas y beneficios que otras comunidades autónomas en el marco de esos pactos».

Para Covadonga Tomé, el Gobierno de Adrián Barbón «tiene la obligación de reclamar la financiación más justa para Asturias. Es el momento para que demuestre su capacidad de conseguir resultados desde su propio partido», dijo.

En el ala de la derecha, los partidos han sacado toda su artillería contra el acuerdo. Para la diputada regional del PP, Beatriz Polledo, «resulta insultante e hipócrita la doble cara de Adrián Barbón. Sabe que lo que está pasando es una auténtica vergüenza, pero a la vez quiere salvar la cara a Pedro Sánchez», dijo.

Por ello, la popular exige al presidente que se posicione «y elija de una vez si quiere defender de verdad los intereses de Asturias o continuar en el seguidismo rastrero a Sánchez».

Por su parte, Carolina López, de Vox, considera que el problema está en un modelo de financiación autonómica «caduco e insolidario» que debe ser modificado para que «los partidos separatistas no puedan utilizarlo cada cuatro años para implementar desequilibrios y desigualdades entre los españoles». Además, desde esta formación promueve una declaración institucional contra la amnistía a los líderes del 'procés'.

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, considera una «deslealtad» con Asturias y el resto de españoles el acuerdo suscrito entre el PSOE y ERC. «Es un pacto que discrimina a Asturias con un único objetivo: comprar voluntades para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez». Por ello, exige a Barbón que «alce la voz e impida que su propio partido beneficie a unas comunidades a costa de las otras».