El Principado de Asturias prohibirá los parques de baterías fuera de los polígonos al menos hasta 2027

El primer cortafuegos, a finales de julio, tuvo forma de instrucción técnica, aprobada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA). Precisaba a los ayuntamientos el tipo de tramitación que debían dar a las peticiones que les llegaran, facilitando en determinados casos el archivo. Como «recomendación» se dejaba ya caer que era bueno que estos contenedores que almacenan energía acaben a prudente distancia de las zonas boscosas y las viviendas.

La segunda barrera está ahora en tramitación, y consiste en una modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), gracias a la cual se decretará una suspensión temporal de un máximo de dos años a todas las iniciativas con la aspiración de asentarse fuera de los polígonos, zonas degradadas y suelos no urbanizables.

La forma de activar este veto es mediante un texto que acaba de salir a consulta pública. En su preámbulo lamenta el «aluvión descontrolado de solicitudes de empresas que pretenden tener acceso» a los puntos de conexión identificados por Red Eléctrica Española. Han llegado 170 peticiones, de las que los propios promotores han acabado por retirar unas 50. Quedan vivas alrededor de 120 que avanzan el papeleo ante los ayuntamientos y Transición Ecológica. «Más de 50 se encuentran ya en fase de tramitación sectorial», detalla el texto.

Desde la consejería que controla IU-Convocatoria consideran que «las posibles ubicaciones para los parques de baterías que hasta ahora se han planteado en muchas ocasiones no han atendido a un mínimo criterio urbanístico, ni de ordenación territorial, ni tan siquiera social», de ahí que hayan «generado una alarma». En consecuencia sostiene el departamento liderado por Ovidio Zapico que «existe una clara necesidad de proceder a la ordenación de forma racional y coherente».

El cambio en el ROTU facultará al Consejo de Gobierno a «suspender licencias o títulos habilitantes desde el primer momento de la tramitación» cuando crea que determinados proyectos amenazan el bien común. Este freno a la iniciativa empresarial deberá estar justificado, acotado en el tiempo y condicionado.

El borrador defiende el veto como fórmula para que la administración pueda tramitar el que será el tercer cortafuegos, ya definitivo: unas directrices de ordenación que fijen del todo las condiciones que deben cumplir los parques de baterías para salir adelante. Se van a parar ahora los procedimientos para evitar «daños irreparables que estas instalaciones pudieran producir sobre el medio rural, usos de suelo y sus costumbres».

La suspensión tiene una duración inicial de un año, que se prorroga en otro si en los primeros doce meses la consejería es capaz de lograr la aprobación inicial de las directrices. Es decir, que el departamento de IU-Convocatoria trabajará a contrarreloj, sabedor de que en cuanto el Consejo de Gobierno oficialice el veto (previsiblemente en las próximas semanas) empezarán a correr los plazos. El director de Ordenación, Ignacio Ruiz Latierro, ya dejó caer que materializar unas nuevas directrices suele llevar «entre 18 y 24 meses».

Una de las novedades del borrador de modificación del ROTU es que da una esperanza a los promotores. «Tendrán derecho a ser indemnizados en el coste de los proyectos y a la devolución de las tasas municipales» si cuando iniciaron la tramitación cumplían con la normativa en vigor, pero pierden esta condición con las futuras directrices. El texto precisa que la indemnización «habrá de ser abonada por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio».

El borrador de modificación está abierto a alegaciones hasta el 11 de febrero. La versión definitiva se remitirá al Consejo Consultivo para que emita su informe. Después se elevaría al Consejo de Gobierno para que apruebe el cambio del ROTU, alrededor de marzo. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado, el Consejo de Gobierno ya acordaría el veto y daría orden de iniciar la redacción de las nuevas directrices, empanzando así una nueva cuenta atrás. Los dos años de plazo acabarían en 2027.