Asturias se queda sin cuidadores de mayores
El ERA abrirá aulas en sus residencias para formar a perceptores de ayudas sociales
Las residencias y los centros de día públicos de Asturias tendrán una utilidad más. Además de ser, las primeras, el domicilio de personas de ... más de 65 años y, los segundos, dispositivos donde se ofrecen terapias para alargar la autonomía personal, el próximo año podrán sumar a sus características la de aulas de formación en cuidados sociosanitarios. Unas a las que acudirán, sobre todo, menores de 30 años o migrantes extracomunitarios que se encuentren en riesgo de exclusión social.
Todo con un objetivo doble: facilitar la inserción sociolaboral de las personas que salen adelante con el salario social o con el ingreso mínimo vital, y lograr llenar las vacías bolsas de empleo de geriátricos, centros de día y empresas de ayuda a domicilio. Antes de 2030 serán necesarios en Asturias 10.000 nuevos profesionales del sector de los cuidados sociosanitarios.
Así lo anunció a EL COMERCIO la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, quien también fijó los plazos: «El 31 de diciembre acabará el proceso de estudio iniciado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en colaboración con el Servicio Público del Principado (Sepepa) con la intención de habilitar aulas profesionales en los edificios que gestiona Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA)».
Según explicó, esta propuesta «es el tercer eje del convenio firmado entre el ERA y el Sepepa, que parte de la necesidad de promover formación para adquirir la cualificación profesional en el sector de los cuidados en todo el territorio». Porque, aclaró, «sabemos que la oferta en Oviedo, Gijón o Avilés puede estar cubierta, es decir, hay cursos y hay mucha demanda porque es una oportunidad de empleo inmediato, pero en el resto del territorio no».
Con la Ley de Reto Demográfico «que nosotros tenemos muy presente», quieren impulsar la propuesta porque «es una medida de asentar personas en el territorio. Que no se vayan las personas mayores que están en sus domicilios a vivir a residencias de otros concejos y que, además, pueda venir gente a trabajar».
La idea es simple. «El ERA pone a disposición sus instalaciones, es decir, sus residencias y sus centros de día, para que puedan ser homologados para impartir esa formación». Así, «en aquellos concejos en los que hay dificultades para encontrar un aula para poder dar esa formación, el ERA ofrecerá salas que tienen accesibilidad, camillas y todo lo necesario para un curso de formación sociosanitaria».
Dignificar el sector
Los alumnos a los que irán dirigidos estos cursos, de forma preferente, son los menores de 30 años o los migrantes extracomunitarios que se encuentren en situación de exclusión social. Que salgan adelante con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación estatal creada en 2020, o con el salario social.
No es la primera vez. En la pasada legislatura también se formó a perceptores de ayudas sociales en los cuidados a domicilio para municipios rurales.
«Es un sector que tiene mucha oportunidad de empleo», explicó Paula Álvarez, quien no eludió que el nicho laboral «tiene que mejorar aún más las condiciones laborales». En esa línea, explicó que «estamos trabajando mucho para la dignificación del sector, de los profesionales, de las empresas, de nosotros mismos. Creo que la colaboración público-privada y compartir nuestras preocupaciones, nuestros hándicaps es fundamental».
Una unión que, en Asturias, ha venido de la mano del Laboratorio Cecoec, financiado por el Principado con fondos europeos y que une a la iniciativa pública y a la privada. Entre sus muchos análisis, uno de los informes sobre la situación del sector de los cuidados en Asturias ha revelado que «uno de nuestros problemas es la falta de profesionales».
Por ello, insta la directora general de Gestión de Derechos Sociales a hacer «una labor de sensibilización de toda la sociedad respecto a la importancia del sector de los cuidados desde un punto de vista social, también económico».
Mientras, la comisión técnica que se ha creado, con representantes del ERA y del Sepepa para homologar las futuras aulas de formación, está haciendo una radiografía de todos los centros de la red geriátrica pública «para analizar las condiciones arquitectónicas de los centros», aclaró Paula Álvarez. Antes del 31 de diciembre de este año, los técnicos deberán contar ya con «una hoja de ruta de acreditación de los centros».
Una vez decidido dónde y acreditadas las nuevas aulas, el Principado «las pondrá a disposición de todas aquellas empresas que quieran realizar formación». Todo para llenar una bolsa de empleo en la que hacen falta más de 10.000 personas.
«La Administración debe favorecer la incorporación laboral»
La suya, la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, es la dirección de los números de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Por su mesa pasan las peticiones de ayuda a la dependencia, de salario social, ayudas sociales o pensiones no contributivas. Paula Álvarez está convencida de que «la autonomía personal no debe limitarse a personas mayores, con dependencia o con discapacidad, sino a todos», proceso para el que considera clave el empleo.
«La Administración está obligada a promover la incorporación social y laboral de las personas» explica la directora general de Gestión de Derechos Sociales y esa es la filosofía que marcan los convenios iniciados ya en 2017 entre el departamento que entonces dirigía Pilar Varela (hoy Marta del Arco) y el Servicio Público de Empleo (Sepepa).
«Vimos que hay que realizar una intervención intensa. No vale llamar por teléfono un día al posible beneficiario y no llamar más. O decirle que se pase por aquí. Hay que conocer la situación de las personas que perciben la renta mínima y qué opciones hay a su alrededor para su incorporación social y laboral».
Según apuntó Paula Álvarez, «la mayoría de los que rechazaban la oferta lo hacían por motivos de salud», aunque la conciliación familiar fue otro de los escollos a superar.
«Hay que trabajar en esa faceta más, porque, en ocasiones, lo que ocurre es que hay un desconocimiento de las medidas de conciliación que puede haber», explica, y ajustarse a la situación de la madre. Porque, en el ingreso mínimo vital, la mayoría de las nóminas tienen como titular a una mujer sin red familiar que vive sola con hijos menores a su cargo.
Para estos casos, que van a más, ve la directora general de Gestión de Derechos Sociales una opción laboral «en el sector sociosanitario. Por ejemplo, en ayuda a domicilio, donde trabajamos para tener jornadas que permitan conciliar».
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