Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Bruselas considera que el Consejo de Ministros infringió las directivas que eran de aplicación cuando, primero amplió el plazo concesional hasta el año 2050, y luego privatizó el negocio. A su entender, la prórroga suponía una «modificación sustancial» del contrato, por lo que debía haber salido a licitación; también afea que antes de dar esos pasos no se publicara un anuncio a escala de la UE para dar la oportunidad a que inversores de otros países participaran de la puja.

Según indicaron fuentes del departamento que rige Óscar Puente ya en julio, «esta fase no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas, puesto que ahora nuevamente España tiene la oportunidad de responder al mismo. Analizaremos la resolución y agotaremos las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos».

Sobre el papel, el ministerio podría proponer el rescate de la concesión, como demanda el Principado y todos los partidos asturianos sin excepción. Otra alternativa pasaría por negociar con Bruselas una modificación del contrato que acorte su vigencia (y por tanto el periodo de la supuesta ilegalidad), opción de lo que existe al menos un antecedente en un caso italiano.

Finalmente, la respuesta de Transportes mantiene que aquellas dos decisiones aprobadas por consejos de ministros presididos por José María Aznar llegaron a Moncloa con todos los informes de los Abogados del Estado y la intervención a favor. Que sigue habiendo pues base jurídica para defenderlos. Es lo que viene sosteniendo la propia Aucalsa; su sociedad matriz, el Grupo Itinere, especificó en su última memoria que hay una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) favorable a sus intereses.También viene anticipando que, caso de rescate, debería ser compensada.

Fuentes del ministerio indicaban ayer que «si estamos en esta situación es por culpa del PP», el partido que gobernaba cuando se prorrogó y privatizó el peaje. La política aplicada en la materia por los gobiernos de Pedro Sánchez ha sido liberar los peajes cuando llegan al final de su concesión y, en los casos del Huerna y la AP-9 gallega, con acuerdos a los que aún les quedan décadas por delante, mejorar las bonificaciones.

Cada vez que se ha preguntado por la cuestión al ministro Óscar Puente y al secretario de Estado, José Antonio Santano, ambos han subrayado que la política seguida en la materia por el PP no es la suya, pero que la defensa del interés general les lleva a intentar evitar el coste de un rescate.

La decisión del ministerio desoye así la posición unánime defendida por el Principado, la oposición y los agentes sociales para aprovechar el expediente y rescatar la concesión.

El siguiente paso de Bruselas para defender la legalidad comunitaria sería denunciar a España ante el TJUE.