El Principado ofrece su ayuda a la Comisión Europea para eliminar el peaje de la autopista del Huerna
La consejería asume que el pleito abierto sobre la legalidad de la concesión «aún tiene recorrido» y confía en que sea la justicia quien «repare esta situación, mejorando el bienestar y futuro de la sociedad»
Son horas claves en la historia del peaje del Huerna. La Comisión Europea determinó que a su juicio el contrato de concesión por el ... cual Aucalsa explota esta infraestructura es producto de dos ilegalidades. De un lado, se alargó su duración hasta el año 2050, una modificación sustancial que debía haber motivado sacar a concurso el plazo adicional de concesión para que otras empresas pudieran optar a él. Del otro, tanto ese paso como la posterior privatización se hicieron sin publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la UE, lo que restó posibilidades para que concurrieran inversores de otros países.
Bruselas dio dos meses de plazo al Gobierno de España para que ponga sobre la mesa alternativas que resuelvan la supuesta ilegalidad. Al Ministerio de Transportes se le agota esta semana ese plazo. Hasta ahora su política viene siendo defender ante la Comisión la legalidad de las decisiones adoptadas por los consejos de ministros del presidente José María Aznar, y culpar al PP de la situación generada.
Quien ha movido ficha en esta partida ha sido el Principado. Tenía una petición unánime de la Junta General para ser «parte activa» de este proceso. Desde la Consejería de Movilidad que capitanea Alejandro Calvo señalan que el Ejecutivo «se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea y al Ministerio de Transportes para expresar su apoyo total a la decisión de la Comisión Europea de continuar el procedimiento de infracción INFR (2021)4052 contra el Reino de España por la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (León–Campomanes)».
El departamento recuerda que la decisión adoptada por el Gobierno de Aznar en el año 2000, alargando la concesión 29 años más, «ha representado una barrera económica y territorial injustificable para Asturias, una comunidad que ha sufrido durante más de dos décadas la ausencia de alternativas gratuitas, limitando su desarrollo económico, cohesión territorial e igualdad de oportunidades frente a otras regiones del Estado». De ahí que el Ejecutivo asturiano reitere «su firme apoyo a la actuación de la Comisión Europea, reconociendo que esta decisión europea confirma una reclamación histórica de la ciudadanía asturiana y de numerosas entidades sociales y políticas que han demandado la eliminación del peaje».
«Aunque se trata de un procedimiento que aún tiene recorrido, el Gobierno considera que representa una oportunidad histórica para poner fin a una injusticia», argumentan las mismas fuentes. «El Gobierno de Asturias ha puesto a disposición de la Comisión Europea toda la información y asistencia técnica necesarias para contribuir al desarrollo de este procedimiento y de posibles etapas posteriores, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de Asturias y la protección de los derechos de su ciudadanía», subrayan.
«El Principado de Asturias reafirma su determinación de corregir decisiones políticas que han resultado injustas e irregulares, confiando en que la justicia europea contribuya a reparar esta situación, mejorando directamente el bienestar y el futuro de la sociedad asturiana», concluyen.
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