Barbón defiende su oficialidad «amable», sin imposición y sin referéndum

Ayer, coincidiendo con las recepciones de los Premios Princesa en el hotel de La Reconquista, cuatro presidentes regionales fueron preguntados sobre la reforma estatutaria que podría alumbrarse antes de que finalice la legislatura. Dos de ellos, Pedro de Silva y Antonio Trevín, rehusaron pronunciarse. El también socialista, Juan Luis Rodríguez Vigil, se salió de la línea oficial de la FSA. «Yo nunca he hablado eso ni he oído a nadie hablar en bable, salvo en la televisión de ahora, y tengo 76 años», dijo ayer el expresidente. No hubo apretón de manos público, pero Vigil no tardó en ser respondido por Adrián Barbón, allí mismo, en la misma moqueta. «Lo que queremos es proteger los derechos de los asturfalantes; que un ciudadano pueda presentar su tesis doctoral en asturiano, que los profesores vean reconocidos sus competencias en asturiano, permitir la convivencia de la lengua de nuestros güelos con el castellano y acceder a una vía de financiación del Estado para las lenguas cooficiales», justificó Barbón.

La obligatoriedad de la asignatura de asturiano en las escuelas y la necesidad de contar con funcionariado que sepa asturiano -aunque se descarte, como recalcan los socialistas, que vaya a ser una exigencia en las oposiciones-, volverá a salir a la palestra en el debate de orientación política que arranca el lunes en la Junta. A la espera, Rodríguez-Vigil ha prendido la mecha a otra discusión: referéndum, sí o no. «Lo sensato es que se consulte a los asturianos. Lo que no puede ser es una cooficialidad a la trágala», criticó ayer el expresidente. Y se refirió a las fuerzas políticas y organizaciones asturianistas -sin nombrarlas- que apoyan esta reforma como «gente que tiene un sentido puramente utilitario de la democracia, que cuando gana dejan de serlo». A esto también entró al trapo Adrián Barbón, «con el mayor de los cariños y admiración que siento hacia él», dijo. «Cuando dice que no se puede aprobar por un voto, no es así; para aprobarse la oficialidad se necesitan ganar por 27 votos a 18». Y le recordó al expresidente que «la celebración de un referéndum no cabe jurídicamente». Podemos e IU ya han rechazado, también, cualquier consulta.

A pocos metros se encontraba otra voz autorizada en este asunto, Francisco Bastida. Su presencia en el Reconquista respondía a la recepción real, en calidad de haber recibido este año la Medalla de Oro Asturias. Bastida es uno de los miembros de la 'Comisión de 8' que redactó el estatuto en vigor. Se mojó, advertencia en mano: «Los referendos los carga el diablo, ya lo vimos con el 'Brexit'. Cada uno que extraiga sus propias conclusiones». No obstante, el catedrático de Derecho Constitucional pidió «no caer en el error de decir que el buen asturiano está a favor de la oficialidad y quien no lo está no es un buen asturiano». El galardonado cree que ahora mismo el asturiano, que debe ser un elemento de identidad colectiva, lo está siendo de «división social».

La celebración de un referéndum como claman algunas voces no debería de tener mayor recorrido analizada la legislación vigente. El catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Presno, subraya que «no hay en Asturias una ley que regule las consultas populares ni ninguna otra forma de participación ciudadana». Sin embargo, Presno explica que «según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las comunidades no pueden convocar referendos en el sentido estricto, aunque sí 'consultas no refrendadarias' en las que se recaben la expresión de voluntades particulares o colectivas, pero no generales e imputables, por tanto al cuerpo electoral».

Por su parte, el presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar, cree que una opción sería «a falta de procedimiento plebiscitario general, animar, publicitándola de forma extraordinaria, incluso por fuerzas afines o contrarias a la cooficialidad, la participación, aunque, como en el referéndum, nunca sería vinculante». Tolivar recuerda que ya lo propuso durante su propuesta de reforma estatutaria en 2006 y que «en el trámite de información al proyecto de reforma, debe fomentarse la participación de los ciudadanos para que opinen, ya que las encuestas, por solventes que puedan ser, no tienen ese grado de oficialidad».