Barbón se garantiza la aprobación de los presupuestos con el apoyo de Podemos
Tomé ve en la gratuidad del 0 a 3 y en la inversión en salud mental el sello de su formación y espera que su respaldo evite cesiones fiscales a la derecha
Covadonga Tomé acabó de deshojar la margarita y confirmó ayer lo que venía siendo un secreto a voces. La diputada de Podemos, suspendida de militancia, ... anunció su apoyo al proyecto de ley presupuestario para 2024, registrado este viernes por el Gobierno regional en la Cámara asturiana para su tramitación parlamentaria. Su «sí» a las cuentas de PSOE-IU Convocatoria por Asturias garantiza la aprobación de las mismas y su entrada en vigor el próximo 1 de enero, puesto que el Ejecutivo liderado por Adrián Barbón únicamente necesita un voto más para sacarlas adelante. «Ya hay mayoría suficiente, una mayoría progresista, una mayoría que va a tener una línea de actuación muy clara de blindaje de los servicios públicos y de avance en derechos sociales», declaró la diputada.
Tomé asume que no son los presupuestos que hubiera elaborado su partido, pero dice que Podemos se ve reflejado en muchas de las medidas recogidas en este proyecto de ley. Cita en primer lugar la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, una «reivindicación histórica» de Podemos que, con la aprobación de estos presupuestos, será una realidad a partir de septiembre; así como los 90 millones previstos para abordar cuestiones relativas a la salud mental que, dijo, «tenemos la certeza de que están ahí gracias a nuestro impulso».
También celebra la parlamentaria la inversión anunciada para hacer frente a las listas de espera y el hecho de que se incluyan en el texto algunas de las medidas propuestas por la formación morada en relación al reto demográfico, como el transporte a demanda en el medio rural. La previsión de subida del salario social básico, los casi 100 millones para políticas de vivienda y el apoyo para la rehabilitación energética de edificios son también cuestiones que se han valorado a la hora de adoptar esta decisión que, asegura Tomé, es fruto del debate interno que tuvo lugar en varias asambleas celebradas con simpatizantes. Unas asambleas que la dirección del partido, ahora en manos de una gestora, no da por válidas argumentando que no están convocadas por el equipo técnico que dirige ahora esta formación y que Covadonga Tomé está suspendida de militancia.
La diputada justifica su decisión al entender que se trata de unos presupuestos que blindan los servicios públicos y los derechos sociales, pero también para evitar la posibilidad de que el Gobierno de unidad progresista realice algún tipo de cesión fiscal a los partidos de la derecha, en clara referencia a Foro, la otra opción de Barbón para sacar adelante las cuentas.
Ante esta tesitura, el coordinador general de IU y consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, hizo un llamamiento a PSOE y Podemos a alcanzar un pacto presupuestario para toda la legislatura, a fin de «lograr la mayor estabilidad política para todo el periodo, toda vez que ese marco de entendimiento será el mejor antídoto frente a los recortes que defiende la derecha».
Fondo de rescate
Aunque sin materializar en el presupuestos ni dotación económica establecida, Tomé dice llevarse de esta negociación otro tipo de compromisos «conceptuales» por parte del Gobierno de unidad progresista. Concretamente, un fondo de rescate para empresas industriales para el que, dijo, se estaría buscando encaje en la futura ley de Industria. Se ha incluido en el acuerdo también un «plan de choque integral» para reducir tiempos de tramitación y concesión de ayudas, que incluye el incremento de la plantilla administrativa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar; la recuperación de la figura de Agente de Desarrollo Local y la agilización y simplificación de los pagos de las indemnizaciones por ataques de depredadores a la cabaña ganadera.
Además, asegura que continuará las negociaciones y utilizará la fase de enmiendas parciales para tratar de introducir «algunas mejoras», y advierte además de que estará «vigilante» en la ejecución presupuestaria.
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