La cantidad millonaria que acumulan los ayuntamientos asturianos y no pueden gastar
El Gobierno permitirá utilizar el superávit de 2024 en inversiones sostenibles, pero la Facc exige mayor flexibilidad para gastar sus ahorros
Los ayuntamientos asturianos acumulaban unos 294 millones de euros en remanentes al cierre de 2023, según el último informe del Ministerio de Hacienda, publicado el ... pasado mes de noviembre. Parte de estos fondos están destinados a la amortización de deuda y el resto sólo puede utilizarse respetando la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y exclusivamente en inversiones financieramente sostenibles, lo que limita significativamente su capacidad de gasto.
El Real Decreto-ley aprobado este martes por el Gobierno central permite destinar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, lo que posibilita movilizar remanentes hacia servicios públicos esenciales, mejora de infraestructuras, transición energética y también en materia de vivienda. La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Cecilia Pérez, valoró positivamente la medida, ya que permite desbloquear una «herramienta útil» para activar estos ahorros que había quedado sin aprobar cuando, el pasado enero, se rechazó el denominado decreto ómnibus, que incorporaba medidas para flexibilizar el uso del superávit local en línea con este tipo de inversiones. Ahora, la Facc celebra que con la reactivación de esta vía los ayuntamientos podrán volver a usar estos ahorros, aunque de forma aún muy limitada, y hacia actuaciones muy concretas como servicios públicos esenciales, mejora de infraestructuras, transición energética y vivienda, «uno de los grandes retos actuales».
No obstante, Pérez advierte de que recuperar esta vía no es suficiente. La Asamblea General celebrada en marzo en Cangas de Onís dejó clara su postura: «No basta con recuperar la figura de las inversiones financieramente sostenibles. Reivindicamos que, más allá de estas inversiones concretas, ni la regla de gasto ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria sigan condicionando tan rígidamente el uso de los recursos municipales». Recordó además que estos mecanismos fueron pensados para una situación de crisis excepcional –se enmarcan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, como respuesta directa a la crisis económica española de 2008–, «que poco tiene que ver con el momento actual».
Destacó también que la administración local es hoy «con diferencia» la más saneada: «Concentra una deuda de tan solo el 1,4 % del PIB, mantiene superávit y, desde la reforma constitucional de 2011, ya está obligada al equilibrio presupuestario, un principio de estabilidad que nadie discute».
Por ello, insistió en que «precisamente por eso no resulta razonable mantener una camisa de fuerza que restrinja el uso de los ahorros municipales». El objetivo, entiende, debe ser doble: «mantener unas cuentas saneadas, sí, pero también garantizar una capacidad real para invertir los remanentes allí donde los gobiernos locales consideren que hace falta». Los ayuntamientos, sentencia, «necesitan poder emplear todo su potencial económico si queremos que sigan actuando como garantes de la cohesión social y territorial».
La Facc reclama una redistribución de los recursos «más justa» entre administraciones
Los ayuntamientos asturianos reclaman que la renovación del sistema de financiación local que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a llevar a cabo paralelamente con el de las comunidades autónomas garantice una redistribución «más justa» entre administraciones. La presidenta de la Federación de Concejos de Asturias (Facc), Cecilia Pérez, entiende que no es sólo cuestión de ofrecer «más dinero, sino de repartirlo mejor». La también alcaldesa de El Franco recibió con satisfacción el anuncio del ministro Torres en el Senado sobre la reforma del modelo de financiación local, largamente demandada por el municipalismo. «La primera valoración es sencilla: ya es hora», afirmó, recordando que los ayuntamientos llevan años reclamando una actualización del sistema.
Hasta el momento hay poca información y únicamente se conoce lo expuesto por el ministro, que básicamente es la intención de lanzar este nuevo sistema de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, entre enero y febrero del próximo año, con la expectativa de que sea efectivo en 2027, por lo que la Facc estará «muy atenta» al desarrollo de la propuesta.
La presidenta de la federación insistió en que la reforma es urgente, porque el actual modelo «está completamente desfasado» y ya no responde a la realidad ni a las necesidades reales de la Administración local. Subrayó también que el nuevo sistema debe garantizar recursos suficientes para prestar con calidad las competencias que los ayuntamientos asumen, «ya sea de iure o de facto».
Pero más allá del volumen global de financiación, desde la Facc se hace hincapié en que el debate debe centrarse también en cómo se reparte. «No se trata sólo de más dinero, sino de repartirlo mejor», insistió. En este sentido, incidió en que la reforma debe asegurar «una redistribución justa entre las tres administraciones» y debe incorporar criterios de equidad y solidaridad interterritorial, teniendo en cuenta factores como la dispersión poblacional, el envejecimiento o el coste real de los servicios en el medio rural, de modo que la población no sea el único indicador.
La presidenta advirtió de que un sistema que únicamente refuerce a quienes ya parten en posición ventajosa «no estaría reformando la financiación local, sino consolidando los desequilibrios». Por ello, desde la Facc se insiste en que el nuevo modelo debe permitir que los ayuntamientos asturianos cuenten con los recursos necesarios para garantizar servicios públicos en igualdad de condiciones.
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