El Principado de Asturias mantendrá su capacidad de gasto pese al veto a los objetivos de déficit en el Congreso

El veto a los objetivos de déficit en el Congreso supone para el Gobierno central un revés y, para las comunidades autónomas, un impacto económico importante que asciende a 1.755,1 millones sólo en lo que respecta al ejercicio de 2026. Sin embargo, la capacidad de gasto del Principado no se vería afectada, ya que, aunque la nueva senda de déficit permitiría al Ejecutivo de Adrián Barbón contar el próximo ejercicio con unos 33 millones más, la regla de gasto ya impedía en el caso asturiano hacer uso de esos fondos. No obstante, desde la Consejería de Hacienda defienden que para el conjunto de las comunidades hubiera sido «más conveniente tener una senda de estabilidad aprobada por las Cortes, y por eso apelamos a la responsabilidad de las fuerzas políticas».

También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consciente de antemano de cuál sería el resultado, llevaba días apelando a esa misma responsabilidad política y tratando de cargar sobre las espaldas del principal partido de la oposición una decisión que, dice, afectará a los servicios públicos de las comunidades autónomas en las que gobiernan. Porque, según el Ministerio de Hacienda, este rechazo a la senda de estabilidad implicará que en los próximos tres años las autonomías dispondrán de 5.400 millones de euros menos de margen de gasto, siendo el impacto en el Principado de Asturias de 103,3 millones (33 millones en 2026, 34 en 2027 y 36 en 2028).

Sin embargo, este argumento ya fue desdeñado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por los consejeros de Hacienda, que alegaron que en la mayoría de los casos ya habían elaborado sus presupuestos con el déficit anterior y que, en todo caso -como sucede en Asturias, donde aún no se han presentado las cuenta-, la regla de gasto neutraliza el margen fiscal que pudieran ganar con la nueva senda.

En todo caso, el Ejecutivo no habría encajado este varapalo clave si, independientemente del no del principal partido de la oposición, todos sus socios de investidura se hubieran subido al carro. Y, como cabía esperar, no fue así. Junts, que comunicó hace más de un mes a Sánchez la ruptura de relaciones, lo acusó desde la tribuna de haber «bloqueado la legislatura» con su «soberbia política» -demostrada en su decisión de llevar a la Cámara la misma senda que su grupo ya rechazó en 2024- y sus incumplimientos. «No quieren tener presupuestos», acusó el diputados Josep María Cruset, con una tesis similar a la de Podemos.

«El problema es que ustedes no parecen tener ninguna intención de aprobar Presupuestos Generales del Estado, señora Montero. Vienen ustedes aquí desganados, sin negociar absolutamente nada y da la impresión de que estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE», recriminó la líder de la formación más a la izquierda la Cámara, Ione Belarra, después de acusar al Ejecutivo de querer gastarse el dinero de la vivienda, de la sanidad, de la dependencia en «armas y tanques por orden de Donald Trump y de la OTAN».

La alusión a la campaña socialista es clara. El techo de gasto planteado por el Ejecutivo (que a diferencia de la senda, no se vota) es muy elevado, un 8,5% superior al de 2025. Incluyendo los fondos europeos, alcanzará los 216.177 millones, lo que significa que las Cuentas que se pondrán sobre la mesa -según anunció Montero, en torno a febrero, una vez el Congreso rechace en una segunda vuelta en diciembre la senda votada hoy- serán muy expansivas y permitirán a lo socialistas hacer promesas electoralistas.

El Gobierno repite una y otra vez que su intención es agotar la legislatura obtenga o no apoyo suficiente para sacar los Presupuestos pero, además de Podemos o Junts también hay otros socios, singularmente el PNV, que recelan de ese compromiso y sospechan que, ante el evidente colapso de la legislatura, Sánchez solo busca su ventana de oportunidad para encajar el adelanto en el momento más adecuado a sus intereses.

En ese contexto, el proyecto de presupuesto servirá a un relato destinado a lograr la concentración del voto útil frente a partidos obstruccionistas que no suman para hacer frente a la amenaza de Vox, su principal baza para intentar neutralizar el desgaste de la corrupción protagonizada por dos de los hombres de máxima confianza de Sánchez, a los que encomendó la secretaría de Organización del partido, Ábalos y Santos Cerdán.