«Te mando los porcentajes previstos muy engordados. Debemos consumirlo todo»

Aquel fue un momento determinante dentro del 'caso Hulla', y sobre el mismo está aportando luz Manuel Sastre, el arquitecto investigado que ha decidido tirar de la manta y colaborar. El 19 de marzo declaró tres horas ante la magistrada-juez, asegurando que aquel concurso de adjudicación «fue una pantomima». «Estaba todo el pescado vendido pero me dijeron que era legal», sostuvo. Ahora acaba de aportar 25 correos internos, además de fotografías, proyectos y certificaciones con las que trata de probar su versión.

Una de las comunicaciones data del 20 de diciembre de 2007 y en ella Sastre suministra los planos del geriátrico a personal de Alcedo y empresas que trabajan con la constructora local. Es decir, un año y dos meses antes de recibir formalmente el encargo, Alcedo ya trabajaba en el mismo. En días posteriores Alcedo remite al arquitecto correos de sus subcontratados pidiendo detalles del proyecto para ir determinado los precios. Según el informe del abogado defensor del arquitecto, Javier Díaz Dapena, los textos evidencian «que Alcedo de los Caballeros y el investigado que me manda se pusieron a trabajar coordinadamente en el proyecto desde sus albores».

Todo se haría y desharía siguiendo órdenes del entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, al que se pone en copia de varios mensajes. Según el relato del arquitecto, el propio Postigo le mandó visitar un spa concreto que quería tomara como referencia del diseño y aporta las fotos que realizó.

Unos y otros van definiendo los precios. En un mensaje el arquitecto recalca que los presupuestos que tiene ya y plantea a la empresa «cambiar los precios que le de la gana», pero pide modificar conceptos y «que nunca coincida el precio exacto».

Una vez lanzada la obra y aprobado un modificado que acercó el presupuesto hasta los 30 millones, el trabajo se centra en ir presentando las certificaciones que irían justificando los pagos. Cabe recordar que la obra se financiaba con fondos mineros. El 23 de julio de 2009 los interlocutores actualizan el presupuesto total pasado al ministerio y hacen una estimación de «las partidas que se van a 'consumir' de aquí al 30 de noviembre».

Una de ellas, la de compra de los terrenos «quizás sea un poco excesiva». A la hora de calcular el presupuesto de la contrata «se debe tomar como referencia los 26.361.128,6 euros ya que al final, entre el precio de adjudicación de la propia residencia y lo que ya se ha ejecutado en Murcia y lo que, previsiblemente se gastará en Roquetas (esto será en 2010), debemos de consumirlo todo». El texto refuerza una de las hipótesis que manejaba la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sospecha que parte de los fondos mineros otorgados al geriátrico se desvió a trabajos en Murcia y Almería.

Horas después el arquitecto responde mandando «los porcentajes previstos muy engordados, y teniendo en cuenta que hemos metido los paneles solares (cosa que dudo y que pudiera ocasionar problemas)». La versión de la Fiscalía es que presupuestos y facturas se hincharon de forma artificial para desviar el dinero público. El arquitecto alega que todo lo que hizo se le dijo que era legal y ahora ve que se le usó «para vestir el muñeco».