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Jueves, 26 de abril 2018, 02:05
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Un plan para seis años exige consenso, apoyos suficientes para que tras las próximas elecciones nadie dé un golpe de timón a medio camino. La oposición acogió ayer el documento con reservas, salvo en IU.
«Hicimos alegaciones al borrador y ni siquiera nos han respondido; no es la mejor forma de buscar acuerdos con nosotros», afeó el diputado popular Luis Venta. A su juicio la nueva programación incurre «en los mismos vicios de siempre, nos mienten». Considera Venta que «dicen que no hay incineradora, pero lo que aprueban es la incineración». El documento reconoce como posibilidad que el combustible sólido recuperado (CSR) termine en las calderas de industrias asturianas o en incineradoras foráneas, aunque señala que lo «prioritario» sería dar con un proceso de valorización química. «No hay prácticamente ninguna instalación en el mundo que haga eso ahora», reprochó Venta. El diputado considera ya irrealizable cumplir el objetivo de la UE para 2020 y ve en la subida de tasas «un peaje por su ineficacia; cargan en el ciudadano su incompetencia».
«Aún queda mucho por debatir», valoran en Podemos. Su diputado Héctor Piernavieja agradece que se admitieran parte de las alegaciones de la formación, pero cree que para lograr ese consenso social urge aclarar «el papel que las instalaciones de La Pereda puedan jugar». En IU en cambio prefieren resaltar «el acontecimiento histórico que supone tener un plan de residuos que renuncia a la incineradora». Ovidio Zapico, desde la coalición, lamenta «los lustros perdidos», asume que a 2020 «no vamos a llegar» pero deja «para dentro de dos o tres años» el debate de cuál es el destino del CSR.
Nicanor García, en nombre de Ciudadanos, lamenta también «los años perdidos que ahora nos obligan a gastar una millonada en la planta de clasificación de basura» El diputado pide tasas más caras o baratas en función de lo que recicle cada comunidad de vecinos, «que es lo que se hace en la UE».
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