Cogersa da el primer paso para destinar otros 96 millones de euros a la gestión de la 'plantona'

Levantar esa instalación costó 63,7 millones, pero en abril de 2024, tras 113 días funcionando, un incendio arruinó la nave dedicada a recepcionar y pretratar los desperdicios. Valtalia, la constructora que la hizo la primera vez, fue reclutada para restaurarla y mejorar sus dispositivos contra el fuego por otros 14,7 millones. Los trabajos acabarán en noviembre. Quedan dos meses y todo lo que ocurra después está en el aire.

Hay dos decisiones clave a tomar y ninguna está resuelta. De un lado, fijar qué modelo de gestión se da a la planta, esto es, si Cogersa reclutará a personal propio para explotarla, volverá a confiarla a un medio auxiliar (como Tragsa o el Serpa) o licitará un contrato para que un privado asuma esa tarea. Del otro, aclarar qué salida se da al CSR a corto, medio y largo plazo.

Toda alternativa será cara y cada opción presenta pros y contras; en esta historia que repercutirá directamente sobre el recibo de los asturianos llama la atención, sobre todo, un proceso de toma de decisiones en el que al bloqueo suceden atragantones y medidas sobre la bocina.

Que Asturias contaría con lo que, técnicamente, se llama una planta de basura bruta o de fracción resto, es algo que quedó decidido en el año 2016, cuando el principado aprobó el último plan de residuos. La adjudicación de la planta se produjo en el 2019.

En agosto de 2023, a pocos meses de terminar la obra, Cogersa contrató a Tragsa para que fuera ella quien seleccionara a los 60 operarios que pondría en marcha la instalación. Inicialmente el encargo era por un solo año, y su importe de nueve millones. El consorcio defendía la necesidad de ir a una «explotación transitoria» que permitiera conocer mejor los rendimientos, consumos y perfiles profesionales que demandaba la 'plantona'. Solo tras esa experiencia se podría tomar «la decisión del modelo definitivo de operación», dice el informe que justificó ese contrato.

Tragsa se puso a los mandos, el presidente Adrián Barbón inauguró la planta el 18 de enero de 2024, y Cogersa lanzó un segundo contrato, ofreciendo otros 16 millones a las industrias que fueran capaces de llevarse la producción de CSR de un año. No hubo respuesta en tiempo y forma y la puja quedó desierta.

De inmediato el consorcio anunció que volvería a licitar un nuevo encargo. La prisa obedecía a que legalmente el CSR tiene consideración de residuo y solo puede almacenarlo un máximo de dos años. Con la planta funcionando el tiempo corría; el peor de los escenarios sería estar dedicando un dineral de fondos públicos a transformar las bolsas que dejan los asturianos en un producto que, al final, acabe igual en el vertedero.

El incendio del 25 de abril de 2024 lo cambió todo. La poca duración de la planta fue asumida en el Principado como un palo que, al menos, dejaba tiempo para planificar las cosas con más calma. Ya no era tan urgente buscar destino al CSR y en el consejo de administración de Cogersa se llegó a plantear que había que abrir el debate sobre qué gestión se daba a la 'plantona'.

Tras contratar a un auditor externo para que revisara las cámaras, analizara la basura quemada y todo lo ocurrido antes de que las llamas arruinaran la instalación, Cogersa llegó a una conclusión: la culpa había sido de Tragsa. Eso fue lo que comunicó inicialmente, si bien el último día antes de que la cuestión prescribiera optó por remitir una carta reclamando daños y perjuicios tanto a Tragsa como a Valtalia. Pide 12,9 millones más el menoscabo que le está causando durante este tiempo agotar su vertedero central.

Tras esa experiencia, ¿qué hacer ahora? En puridad, ya hay una opción que cuenta con cierto grado de aprobación. El 15 de julio el consejo de administración de Cogersa, en el que están el Principado y representantes del PP, PSOE e IU de los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Gozón, Laviana y Mieres, aprobó un plan anual de contratación. Por ley todas las administraciones deben confeccionar y publicar este documento que, de alguna manera, da transparencia a la gestión y anticipa al mercado cuáles serán las necesidades a cubrir.

El plan aprobado avanza la intención de convocar un concurso público para que alguien asuma el «servicio de explotación integral y gestión de los materiales recuperados de la PTFR», acrónimo que corresponde a Planta de Tratamiento de la Fracción Resto. El valor estimado del encargo se fija en 96,3 millones euros para una duración total de cinco años, que se descompone en un periodo inicial de dos años, con tres prórrogas anuales posibles.

La denominación y el importe muestran que la idea es buscar una empresa externa que asuma todos los retos, esto es, que busque a los 60 trabajadores, los forme y dé también con quien pueda aprovechar el CSR, reduciendo así el papel de Cogersa al de supervisor.

Eso fue lo que aprobó el consejo, pero, ¿es esa la solución final? El presidente de Cogersa es Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad y Medio Ambiente. Desde este departamento templan gaitas. Asumen que el plan de contratación se aprobó con esos parámetros «pero el modelo de gestión no está definido», previenen.

El plan estimaba que la idea era sacar esa licitación de 96 millones en el segundo trimestre, algo que no ha ocurrido. Es de suponer que la toma de decisiones sigue sin resolverse.

La cuestión sigue pues en el aire, con menos de dos meses para decidir quién contrata a los 60 operarios, con qué condiciones, por qué tiempo, y cuáles serán los procesos de formación. Cogersa es un consorcio público y se rige por una norma que hace difícil solventar el reto ampliando plantilla tan rápido. Tragsa suele ser vista como la solución para todo, pero quedó señalada por el incendio y también requiere de cierto margen para actuar. El Serpa es una alternativa más propia y quizás con menos experiencia en estas instalaciones industriales. Y la opción de ir a una licitación pública requiere de aprobar pliegos, convocar concurso, analizar las ofertas de los inversores privados (caso de haberlas), decidir adjudicatario y solo después, firmar el contrato.

El tiempo se agota si se quiere aprovechar la 'plantona' desde el primer día.