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El 1 de enero el Huerna (AP-66) se convirtió en un caso excepcional que ha llamado la atención de la Comisión Europea. ... Las tarifas a vehículos ligeros se encarecieron, mientras que el Ministerio de Transportes amplió la rebaja que financia al transporte pesado. Ese doble movimiento provoca que las motos y coches paguen ya más que los autobuses y camiones. No hay ninguna otra autopista de concesión estatal donde ocurra igual.
En el recorrido completo, de Campomanes a La Magdalena, la subida a ligeros fue de 60 céntimos, elevando la tarifa a 15,6 euros. Del lado de los pesados el ministerio cumplió su palabra; hasta 2024 cubría una bonificación del 40% sobre la tarifa teórica y desde este año la ha mejorado al 60%, medida de la que se benefician unos 1.400 vehículos al día. El recibo a pesados de tipo II –camiones y autocares de dos y tres ejes– se redujo en 4,25 euros, quedando en 11,3 euros. Para pesados de tipo III –de cuatro y más ejes– la rebaja fue de 6,45 euros respecto al precio anterior, situándose en 14,5 euros el recibo.
Que una moto eléctrica, con pegatina de cero emisiones, pague más que un megatrailer de tracción diesel no ocurre en ninguna de las otras 17 autopistas estatales. Dentro del ámbito de las de titularidad autonómica hay un precedente, la AP-15 navarra, donde también los pesados pagan menos que los ligeros.
La situación extraña a la Comisión Europea. Tras saber del caso, el Ejecutivo comunitario tiene un primer diagnóstico: «Parece que los descuentos otorgados a los vehículos pesados por las autoridades españolas pueden ser superiores a los que permite la Directiva Euroviñeta».
Esta normativa fue aprobada en 2022 y –según recuerdan desde la Comisión– «establece normas sobre los niveles de peaje impuestos a los vehículos pesados de acuerdo con el principio de recuperación de los costes de infraestructura». Fija un sistema de cálculo de tarifas con el que «los ingresos por peajes cubran los costes de infraestructura sin excederlos». El articulado admite excepciones de forma que «los Estados miembros tienen la flexibilidad de recuperar solo una parte de dichos costes si así lo desean», matizan desde Bruselas.
La norma, eso sí, fija un tope a las bonificaciones. «Específicamente en su artículo 7 (i) establece que los descuentos no pueden exceder el 13 % y deben reflejar los ahorros reales en los costes administrativos», subrayan desde la Comisión. El precepto aludido especifica que «las reducciones no excederán el 13 % de la tasa por infraestructura abonada por los vehículos equivalentes sin derecho al descuento o a la reducción». Es decir, el límite a la bonificación lo marca el precio que pagan los conductores que quedan sin la rebaja.
En su respuesta por escrito a EL COMERCIO, la Comisión subraya que la directiva no regula las tarifas a los turismos y motos, y que «el mero hecho de que los peajes para vehículos ligeros sean más altos que los de los vehículos pesados no constituye, en sí mismo, una violación de la Directiva». Sin embargo sí tienen dudas de que la bonificación del 60% sea compatible con el límite máximo de la normativa europa. Por todo ello y «para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades nacionales pertinentes».
Preguntados al respecto, en el Ministerio de Transportes defienden las nuevas bonificaciones en el Huerna, aprobadas en respuesta al escándalo que se desató en Asturias cuando EL COMERCIO destapó ineficiencias en el sistema. Tal y como reveló este periódico en enero de 2024 en una serie de artículos, desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno central tiene aprobado un techo de gasto anual para los descuentos que queda lejos de aprovechar. El presupuesto sobrante se usa en otros fines.
Desde el departamento que rige Óscar Puente dicen que «el ministerio se ciñe al espíritu de la directiva en todas las decisiones que toma respecto a los peajes en España», incluidos los nuevos descuentos.
Se da la circunstancia de que el Gobierno tiene pendiente transponer a la normativa nacional la directiva Euroviñetas. El plazo para ello expiró el 25 de marzo. La Comisión remitió en diciembre un dictamen motivado otorgando dos meses de plazo para corregir la situación, algo que España sigue sin hacer. Eso da a Bruselas manos libres para denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE si las explicaciones remitidas desde Transportes no le convencen.
Que una ladera se desplomara y cortara la principal conexión entre Asturias y León alteró la manera de viajar de los asturianos. Lo acredita la base de datos que el Ministerio de Transportes tiene con los registros de movimiento que le pasan las operadoras telefónicas. Los geoposicionamientos se procesan sin identificar a los dueños de los móviles. El desprendimiento ocurrió el domingo 10 de noviembre. Al día siguiente el sistema detectó que desde Asturias solo 3.109 personas se desplazaron hasta Madrid. El lunes anterior habían sido 6.165, casi el doble. La plataforma no distingue si los viajes se hicieron en tren, coche, avión o autobús; mide el tamaño de los flujos entre provincias sin atender al tipo de transporte que cada ciudadano utilizó. Una vez cerrado el Huerna si todos los que tenían planes para ir por la autopista hubieran optado por el puerto de Pajares, el tren o el avión el flujo de movimientos se habría mantenido neutro, sin cambios. Lo abrupto de la caída evidencia la importancia de la AP-66. El martes después del argayo la caída era del 16% respecto al martes anterior. El miércoles, del 15% y el jueves del 19%. Es decir, los datos sugieren que una parte de los asturianos optaron por posponer sus viajes a la capital del país, al entender que ir por un Pajares congestionado o recurrir al transporte público no era una opción atractiva. La primera semana de corte se saldó con 2.963 viajes en cada jornada laborable; la segunda remontó hasta los 3.038, un 4,2% más. Es probable que al ver que el corte se alargaba parte de los que habían atrasado su viaje terminaran por efectuarlo. La movilidad está asociada a la calidad de las infraestructuras pero también a la economía. Más viajes denotan mayor solvencia para efectuarlos y estimulan el gasto, alimentando el desarrollo. De ahí que estrangular la principal vía entre Asturias y León ocasionara pérdidas que se extendieron. Los viajes de turismo se resentían, los transportistas veían elevarse sus costes al tener que circular más tiempo para llegar a destino y los perjuicios se iban contagiando de un sector a otro. Entre el domingo 10 de noviembre y el miércoles 27, cuando reabrió la autopista, hubo un promedio diario de 3.233 viajes desde Asturias hasta Madrid, un 34,7% menos que las dos semanas anteriores al colapso de la ladera. Es, decir, sin la AP-66 se habrían cancelado o pospuesto un tercio de los viajes.
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