El consejero Borja Sánchez reaparece para firmar 'su Ley de Ciencia'

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, acudió hoy a la firma de la Ley de Ciencia, aprobada el miércoles por el Pleno de la Junta. Aunque continúa de baja y en tratamiento tras haberle sido extirpado un tumor, quiso respaldar un proyecto en el que ha trabajado los últimos cinco años. Participó junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, y el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas del Amo.

El Gobierno asturiano prevé destinar en 2030 unos 237 millones de los presupuestos regionales a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Es una cantidad muy superior a los 125,6 millones de financiación pública del Principado que se contemplan en las cuentas de los presupuestos correspondientes a este 2025. Así lo ha confirmado el viceconsejero de Ciencia y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, en una rueda de prensa porsterior a la firma de la norma.

Según explicó la nueva norma facilitará el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional con una apuesta por el incremento de la financiación, el refuerzo de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, la carrera investigadora como eje para atraer talento y el apoyo a la I+D+i de excelencia.

El dirigente asturiano ha explicado que uno de los objetivos del texto es precisamente «blindar» la inversión pública e incentivar la privada, así como ampliar de cinco a siete años los programas de ayudas y atracción de talento para converger con Europa. Este nuevo horizonte permitirá trabajar con más previsión y otorgará mayor estabilidad a las convocatorias de investigación e innovación.

En el aspecto económico, el proyecto prevé llegar en 2030 a los 1.075 millones anuales destinados a I+D+i, tanto de financiación pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB regional y algo más del 4% del presupuesto autonómico.

La norma fomentará también la colaboración público-privada, a través de la puesta en marcha de entornos controlados para pruebas y ensayos (sandboxes), y la compra pública innovadora. Al mismo tiempo, facilitará la transferencia de conocimiento y la innovación empresarial.

Entre otros muchos puntos, la nueva ley contempla la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), y la puesta en marcha de un Observatorio Asturiano de la Innovación y el fomento de unidades de excelencia investigadora.

La nueva legislación consta de un título preliminar, seis títulos, 69 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria única y una final única.

El objetivo final es trazar una hoja de ruta marcada por la calidad y competitividad del ecosistema científico y tecnológico asturiano que contribuya a impulsar una economía basada en el conocimiento y que genere desarrollo tecnológico, riqueza y empleo, según ha explicado Iván Aitor Lucas.

«Esta ley sale por un amplísimo consenso con el sector privado, ha habido muchísimo trabajo detrás y recorrido hasta llegar aquí», ha indicado.

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