La titularidad de los montes comunales de Morcín llegará hasta el Parlamento Europeo

«El Principado nos está mareando sin parar». Ésta es la conclusión a la que llega el portavoz del colectivo que impulsa la modificación del uso de parte de los montes de titularidad pública de Morcín, un 35% de su territorio, que reclama vuelvan a ser gestionados por los vecinos. «Llevamos años y medio en negociación con la Administración regional y todo son buenas palabras, pero no hay avance alguno; nos piden documentación que sabemos la tienen ellos», afirmaba ayer Francisco Manuel Mallada. Por eso advierte: «De no darse pasos para poder lograr que el aprovechamiento de este territorio regrese a sus pobladores, vamos a impulsar medidas más severas, como acudir a los tribunales de justicia y al Parlamento Europeo».

La última reunión con el Principado fue le pasado 23 de marzo, encuentro en el que estuvo, entre otros, el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo; «Parece que nos presentan una situación que es totalmente llana, pero nosotros no vemos más que pendientes que nos dificultan seguir con nuestro recorrido», añadió Mallada.

Este proceso de cambio se está tramitando en el Gobierno del Principado tras la petición de un grupo de vecinos encabezado por Mallada. Fuentes municipales indicaron que esta solicitud de clasificación como 'vecinal de mano común' -que es así como se denomina esta modificación de los montes de dominio público del Ayuntamiento- afectaría a un total de 1.712 hectáreas, que vienen siendo objeto de uso público, tránsito y aprovechamiento común «desde tiempos inmemoriales». Por eso, desde el Consistorio se considera que este cambio solicitado es un «atentado» contra el patrimonio local.

Javier Pérez García es el abogado que tramita esta petición en nombre del colectivo vecinal. Considera que la reclamación trata de devolver estas propiedades a sus legítimos dueños, a los vecinos. Asegura que la fórmula de gestión privada es muy común en lugares como Galicia. Explica que el hecho de que la titularidad pase a ser privada en manos de una junta no quiere decir que vayan a cambiar los usos. «Lo único es que el rendimiento se tiene que revertir en la zona, lo que fija población y crea riqueza.

Entiende el abogado que, por encima de todo, está la legalidad vigente y hay una normativa de montes y otra de impacto ambiental que hay que cumplir. Niega que pueda haber prohibiciones de tránsito. Y luego está la cuestión económica. «Por las torretas eléctricas de la Magdalena, el Ayuntamiento ingresa 30.000 euros al año y ese dinero no se está invirtiendo en el monte», indica.