El Defensor del Pueblo reclama más mano dura contra la polución del aire

El Defensor del Pueblo hizo honor a su nombre y presentó ayer una memoria anual que reparte reproches entre administraciones y fuerzas del orden. Los excesos y errores que los ciudadanos le denunciaron disminuyeron un 32,4% en todo el país pero Asturias figura, junto a Baleares, La Rioja y Galicia, como las únicas regiones donde las quejas aumentaron en 2018. Los incendios forestales, las multas contra dueños de perros en Castrillón, la «descoordinación» y «descontrol» en el área de Urbanismo de Llanes y los cambios de criterio a mitad de una oposición tienen la culpa.

La mayor recriminación quizás sea la que dirige al Principado por la contaminación del aire. El Defensor del Pueblo tiene abiertos varios procedimientos al respecto y el que se centra en Gijón ha constatado «la existencia de instalaciones en funcionamiento sin autorización de emisiones a la atmósfera». En sus contestaciones la Consejería de Medio Ambiente ha aclarado que tiene un plan de calidad del aire cuyo objetivo es ir reduciendo esa polución.

Al respecto la institución que preside Francisco Fernández Marugán «ha recordado a la consejería que los planes de calidad son solo una de las posibilidades que el ordenamiento jurídico pone a disposición de la administración para combatir la administración». Es decir, aplicar el plan «no exime a la administración de ejercer simultáneamente las potestades que la legislación le atribuye para sancionar los incumplimientos que advierta por parte de los titulares de las instalaciones», indica.

Subraya el informe que la legislación faculta a Medio Ambiente para adoptar «cuantas medidas sean necesarias para mantener un nivel de protección elevado de las personas y el medio ambiente». Desde ese punto de vista, el Defensor del Pueblo afea que de la información que le ha pasado el Principado «no se desprende una correlación entre posibles incumplimientos por parte de las instalaciones, en cuanto al respeto de los valores límite y las sanciones impuestas».

Por lo tanto el informe establece que «la consejería deberá inspeccionar las instalaciones y ejercer la potestad sancionadora con frecuencia suficiente» y poniendo el foco en las instalaciones sin licencia o más incumplimientos. El objetivo debe ser que «en el caso de que se produzcan incumplimientos reiterados o reincidentes, pueda imponer sanciones más graves o adoptar medidas provisionales acordes con la gravedad del daño generado», entre las que propone el precintado de equipos, la clausura temporal o la parada de las instalaciones y la suspensión de las autorizaciones. En los supuestos de nuevas autorizaciones a las industrias de la zona oeste de Gijón o revisión de las existentes, el Defensor del Pueblo insta a «tener en cuenta la contaminación existente».

Las memorias de Medio Ambiente indican que el pasado año se realizaron 350 inspecciones en materia de calidad del aire, un 9% menos que en 2017. Desde el departamento defienden el «rigor» de sus profesionales y aclaran que cuando detectan un incumplimiento leve se exige a la empresa que lo corrija. Si se desatiende el aviso o la irregularidad es de mayor envergadura, se inicia expediente sancionador. También asumen que arrastraban un retraso a la hora de revisar y poner al día las autorizaciones ambientales integrales, pero «hoy ya están todas actualizadas». El punto débil del departamento sigue siendo la escasez de inspectores.

El Defensor investiga también la prevención y extinción de incendios forestales en varias regiones tras recibir varias quejas al respecto. «Sorprende el caso de Asturias, una región duramente castigada por el fuego, tanto en número de incendios como en superficie afectada, especialmente matorral y monte bajo, que el año pasado superó a la superficie afectada de toda Castilla y León», considera. Por ahora observa «descoordinación» entre las administraciones.

También recrimina el organismo los excesos con las listas de espera. Recuerda que un paciente asturiano recurrió a la institución al ver que se cumplían dos meses desde que le diagnosticasen un tumor y nadie le daba quimioterapia. «Los tratamientos comenzaron unos días después de que el Defensor del Pueblo se dirigiera al Servicio de Salud», anota.