El Principado detecta alumnos con dificultades para pagar la EBAU en 16 institutos

La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad asumirá el coste de las tasas de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), una cuantía que asciende a 115 euros por alumno, de las familias que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital y tengan estudiantes que vayan a presentarse a esta prueba. Según fuentes de esta consejería, se está estudiando cómo van a tramitarse estas ayudas y cuántas familias van a precisarla. «Se va a elaborar una resolución, la consejería va a compensar a la Universidad ese coste y se devolverá el importe a las familias que lo justifiquen», han detallado.

La consejera de Educación, Carmen Suárez, ha advertido que familias de 16 centros educativos en Asturias tienen dificultades para hacer frente al pago de esta tasa que asciende a 115 euros. Estas declaraciones las ha realizado durante la Comisión de Educación celebrada este viernes y respondiendo a la pregunta planteada por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez.

Suárez ha indicado que desde su consejería contactaron con el equipo directivo de los centros para conocer la situación de las familias, así como con la Universidad y la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad para buscar la fórmula que permita exonerarles de dicho pago a las que tengan dificultades. En 16 centros de Asturias, ha indicado, familias han manifestado tener dificultades para hacer frente al abono de esta cantidad. «Entendemos que no debería de estar excluido ningún alumno para presentarse a las pruebas», ha defendido sobre lo que matizó que este asunto no es una «competencia directa» de su consejería. Sobre esta cuestión, Suárez prevé que pueda haber incluso «ayudas individuales».

Por otro lado, ante la pregunta de Pedro Leal, diputado de Foro Asturias, sobre cuál será el destino de la partida prevista para las oposiciones de Secundaria que se han suspendido, Suárez ha indicado que «de esa partida presupuestaria 600.000 euros se van a dedicar a los servicios complementarios referidos a transporte y comedor, y lo que queda que son alrededor de 500.000 euros pensamos que tenemos que dedicarlos a abordar los problemas de la COVID-19«. Esta decisión, ha explicado, viene a raíz de realizar una modificación presupuestaria para poder disponer de la partida de 1,1 millones prevista para estas oposiciones que no podrán celebrarse hasta el próximo año.

Respecto a la cuantía destinada a los gastos derivados de la afectación del coronavirus, Suárez ha indicado que se puso en marcha «una partida en la que los centros van apuntando todo lo que han gastado derivado de la pandemia, unos gastos a los que la consejería debería, con esos 500.000 euros pero a buen seguro con más recursos porque esos no serán suficientes». Por su parte, Pedro Leal ha propuesto que esa partida se dedique también a la seguridad de los profesionales. En esta línea Leal ha pedido además la realización de test a toda la comunidad educativa. También ha solicitado que se refuercen las plantillas con el profesorado interino correspondiente ante la posible redistribución del alumnado en algunas clases.

Ante la pregunta de Podemos formulada por la diputada Nuria Rodríguez sobre las empresas que gestionan los comedores escolares dependientes de la Consejería de Educación y qué centros se han adherido a la indemnización contractual, Suárez ha detallado que de diez empresas se han acogido tres.

También, la Junta General ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para la declaración de interés público en el sector musical docente e interpretativo la compatibilidad con el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público. Esta proposición ha tenido el respaldo de Ciudadanos, Foro, Izquierda Unida y Vox, el voto en contra del PSOE y la abstención de Podemos. «Son muchos los músicos que renuncian a la labor docente para desarrollar su carrera artística y concertística«, ha advertido Gloria García, diputada del PP. Por su parte, ha asegurado que esta iniciativa no supondría que el profesorado anulase las clases sino que se podrían aplazar o adelantar previo acuerdo con el alumnado.

La diputada socialista Mónica Ronderos ha detallado que en este curso 2019-2020 hubo 62 peticiones de compatibilidad y se han concedido 61.