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Una de las áulas de un colegio gijonés, el Asturias, vacía desde hace ya más de un mes. JUAN CARLOS TUERO

Los docentes piden «seguridad jurídica» que ampare sus decisiones sobre la evaluación

Las familias quieren que el curso se acabe, se mantiene la sombra de un aprobado general y los sindicatos reclaman mayor inversión

E. RODRÍGUEZ / O. ESTEBAN

GIJÓN.

Sábado, 18 de abril 2020, 01:39

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Si en condiciones normales es complicado lograr el consenso de la comunidad educativa, en plena pandemia la cuestión se torna casi imposible. El Ministerio de Educación ha tratado de acordar con las comunidades normas básicas para cerrar este atípico curso. Pero no solo no ha sido posible un consenso entre administraciones, sino que docentes, sindicatos y familias tampoco lo logran.

Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia se han descolgado del acuerdo con el ministerio, entre otras cuestiones porque el texto deja a criterio de las comunidades algunas decisiones, y éstas reclaman normas iguales y claras. En Asturias, las familias exigen acabar ya con el curso. «¿Es un servicio esencial concluir los 60 días lectivos de los 177 del curso escolar?», se preguntan en un comunicado conjunto las federaciones FAPA Miguel Virgós (de la red pública) y Concapa Asturias (de la concertada). Pero la decisión está tomada y el curso acabará en junio.

Desacuerdo en los tiempos y en las formas. ¿Habrá o no aprobado general? Es uno de los debates que hay sobre la mesa. Lo han negado ministerio y consejería, pero hay quien piensa que cuando se habla de 'facilitar la promoción' y de que las repeticiones sean una excepción (algo que, recuerdan los docentes, ya es la norma) se habla de un «aprobado encubierto». Así lo defiende el sindicato ANPE. Y Yolanda Fueyo, directora del colegio Jovellanos de Gijón: «Creo que, a dos meses de acabar el curso, no era el momento de que ese mensaje trascendiera. Me preocupa por los niños de quinto y sexto, preadolescentes; les puede apetecer más jugar a la Play que hacer los deberes... Total, si aunque no haga nada, salvo situaciones muy extremas, voy a aprobar... Se olvidan de que en septiembre volvemos. Cuanto menos atrás se queden, mucho mejor».

Por eso, y porque el texto del ministerio indica en todas las etapas que «las administraciones educativas podrán flexibilizar, de manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes», los docentes reclaman «seguridad jurídica» que ampare sus decisiones de evaluación. Por mucho que el ministerio haya dicho que no es quién para decirles cómo tienen que evaluar, el presidente de Escuelas Católicas de Asturias, Simón Cortina, recuerda que «es la consejería quien tiene las competencias». Los centros «necesitamos seguridad jurídica. No puede cambiar las normas de la evaluación con una nota de prensa, una circular...» Coincide ANPE: «Los profesores necesitamos certezas, un marco legal que ampare las decisiones de notas y promoción. Se quiere hacer pasar por una decisión del profesorado lo que es una decisión política, atribuirnos la responsabilidad de un 'aprobado general', sin marco normativo».

UGT, aunque defiende la autonomía de los docentes, pide que una orden ministerial regule, al menos, las circunstancias de segundo de Bachillerato, último curso de FP y cuarto de ESO. También CSIF quiere «respaldo legal mediante resolución en BOPA sobre las particularidades de la evaluación este curso».

Pero también hay quien cree que no hacen falta más explicaciones. José Ignacio Nieto, director del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, cree que «la promoción y la repetición, como excepción», están perfectamente definidas. En su caso, le inquieta más la asistencia emocional de los alumnos, «que lo están pasando fatal». Y Maite Fernández, directora del Carmen Ruiz-Tilve de Oviedo no ve complicado evaluar el último trimestre de curso, «porque los criterios de evaluación son recurrentes a lo largo de todo el año escolar».

CC OO pide cubrir todas las bajas y Suatea reclama una planificación exhaustiva del próximo curso. La mayoría apuesta por bajar ratios y aumentar el profesorado para poder atender las necesidades que vendrán. En definitiva, una mayor inversión en Educación. Y en todos los sectores queda la duda del mes de julio: nadie ve claro cuál es la intención del ministerio con la apertura de centros.

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