La escuela concertada asturiana peleará en los tribunales contra una ley que es «un atropello»

La protesta de la red concertada contra la 'ley Celaá' reunió ayer en Gijón y en Oviedo a 1.200 familias en automóvil, que durante dos horas hicieron sonar el claxon del coche para manifestar su rechazo a una normativa que «supone un auténtico ataque a la Constitución y todo un atropello». Tal fue el número de manifestantes en Gijón -700-, que hubo quienes no pudieron ni moverse del punto de salida, el estadio de El Molinón, en cuyo entorno hubo atascos de media hora.

Antes de iniciar el recorrido en ambas ciudades, representantes de la confederación de padres, Concapa, leyeron un manifiesto en el que la concertada deja claro que «no cejará» en su objetivo de paralizar una ley que se ha tramitado en «un momento totalmente inoportuno y sin diálogo». Para ello, insistirá a los grupos políticos para que interpongan recursos de inconstitucionalidad y expresen su compromiso de derogar esta ley «tan pronto como sea posible». Pero no será la única medida: «Presionaremos a las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de su aplicación y recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo». Y cada vez que se pretenda cerrar una unidad concertada «con demanda social (concepto que ha sido eliminado de la ley), alentará, dice «la interposicion de contenciosos».

A las once de la mañana, automóviles y motocicletas, algún autobús escolar y hasta una limusina, adornados con globos y lazos naranjas, así como con carteles de 'Más libres, más plurales, más iguales' y pegatinas con el lema 'Stop Ley Celaá', empezaron a circular por Oviedo y Gijón. En ambas, mucha unanimidad en las opiniones sobre la reforma educativa. Ante todo, preocupación por «los límites a la libertad de elección de centro», «tanta imposición gubernamental» y «la inclusión de los niños de educación especial en centros ordinarios cuando, dependiendo de las patologías y de su grado, esa adaptación no es real», como manifestaba la maestra Marta Tuduri en Gijón. «¿Pero en qué momento habla esta ley de la mejora de la educación?», preguntaba Jesús Crespo, mientras que José Manuel Paniagua, profesor del Revillagigedo, de FP, alertaba de «la restricción a la movilidad» de la reforma educativa. «Que pregunten a los alumnos por qué quieren estudiar en nuestros centros y vienen de Oviedo, Avilés, las cuencas... Y no en los que tienen al lado de su casa. Que se interesen. Porque por algo será».

«Nos están privando de libertades ganadas», añadía el hostelero Javier Iglesias, que también ha tenido que salir a la calle estos últimos días en defensa de su sector. Para Adriana Pertierra, «es una ley horrible que, además, quiere retirar el pequeño apoyo que tienen los colegios de las familias. Sin esas donaciones y con los recursos que reciben, su supervivencia es inviable». «Es que, además, son incoherentes. La ministra fue a un concertado y sus hijas, también», decía Pere Domenech, que acompañaba a Rafa Lora, profesor de Los Robles.

En el cruce entre Uría y la calle Fruela de Oviedo, frente a la Junta, decenas de peatones recibieron a los 500 conductores que habían partido del estadio Carlos Tartiere y bajado por la avenida de Galicia. Lo hicieron con aplausos. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, los viandantes fueron sumándose y animando a los manifestantes con palmas, vítores y algún que otro grito de «¡Sánchez, dimisión!».

En esa esquina estaban Alejandro Sordo y su mujer, Covadonga Quirós. Su hija mayor va al colegio La Milagrosa. «Creo que es bueno que haya diversidad de elección y variedad en la oferta educativa», indicaba su madre. Detrás de ellos, sola y aplaudiendo y agitando un globo con entusiasmo, estaba Gabriela Planas: «Como no tengo coche, he venido a aplaudir. ¿Por qué? Porque el Gobierno está aprovechándose de la pandemia, cuando todo está medio anestesiado, para colarnos esta ley, que supone muchos problemas para las familias con niños con discapacidades».

Hay alumnos también «indignados» con la norma aprobada. Es el caso de la hija de una sobrina de Elvira Menéndez. «Ella tiene un trastorno autista. ¿Se puede saber qué hacemos con estos niños? ¿Los metemos en un colegio con todos los demás? ¿Esa es una buena solución?», se pregunta. Elvira también recrimina algunos contenidos que, en su opinión, la ley introducirá en los libros de texto: «Quieren cambiar toda la Historia, como si todo lo que ha pasado antes fuera malo. Pues no, la Historia hay que aceptarla, con lo bueno y lo malo».

Teresa Marín y su esposo, Joaquín Fiestas, aplaudían en la calle Uría. «Yo ya soy abuela, esto no lo hago por mí, sino por los que vendrán. La reforma es una vergüenza, las leyes hay que consensuarlas. Esto no se trata de derechas e izquierdas», añadía Teresa, cuyos hijos estudiaron en el colegio Meres. Cerca de ellos estaban Pelayo Álvarez y Laurie Rivera. Aunque su hija Lucía aún tiene quince meses, comparten el lema de la jornada. «Esta ley es una desvergüenza, hay que dejar a los padres libertad de elección. La libertad es un principio básico de la democracia».

La marcha estuvo arropada por los partidos de la oposición. Teresa Mallada, presidenta del PP asturiano, cargó contra la «incoherencia» del presidente de la región, Adrián Barbón, que «no ha dicho ni una palabra sobre la ley pese a que él estudió en un concertado y que la mayoría de los consejeros tienen a sus hijos en ese tipo de centros». La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, reprochó que la norma «se ha aprobado con nocturnidad y alevosía». Para Ignacio Blanco, líder de Vox, «el Principado abandonó la educación concertada hace ya muchos años».

Y Adrián Pumares, portavoz de Foro, que acaba de superar su periodo de aislamiento por un positivo en un contacto estrecho, envió un comunicado en el que lamentó el «disparate del cierre de las escuelas de educación especial».