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En las Escuelas Infantiles que dependen de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar «a los niños les han tenido que asear con pañuelos ... de papel, porque no llega el suministro de papel higiénico«. En los centros públicos para acoger a menores a los que tutela el Principado, «falta leche y pan para los desayunos«. En todos los dispositivos ya citados, así como en los centros públicos de asistencia a personas con discapacidad, »faltan guantes, lejía y material de limpieza«. En todos los que cuentan con cocina »son los cocineros los que llevan el papel film con el que se cubren las bandejas de la comida«.
Élida Vázquez, presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tiene aún un listado mayor de ausencias en las despensas de los centros de menores y de personas con discapacidad y no entiende «cómo puede salir la consejera a decir que está todo solucionado». Se refiere a las declaraciones realizadas por Marta del Arco el 5 de febrero. La consejera acusó al comité de empresa de propagar «noticias falsas y crear alarmismos» con sus denuncias de falta de materiales de limpieza y productos de comida, unas faltas que Del Arco resumió en que faltaron «en un centro puntualmente dos productos, un problema que ya está solucionado».
Sin embargo, la versión unánime de todos los sindicatos que conforman el comité de empresa de la consejería, mantiene que «las faltas continúan«. Y dan nombres concretos. »En el centro de menores Los Pilares faltan productos de limpieza, como lejía o pasta de dientes, además de lácteos y pan«. Unas carencias que llegan porque los proveedores, ganadores de un concurso público, no dan cobradas sus facturas y han empezado a suspender el suministro.
Unos proveedores que han decidido dar un paso adelante y apoyar la versión de los sindicatos. EL COMERCIO ha podido hablar con alguno de los afectados, que tiene un listado de facturas impagadas que se remontan a 2023. El montante final supera los 90.000 euros y su decisión de frenar el suministro está más que tomada, lo que supondrá que a los centros de menores y de personas con discapacidad dejarán de llegar alimentos básicos.
Otro de los afectados recuerda que ya desde la firma del contrato «comenzaron los problemas». Para hacerse con el contrato, las empresas «debemos cumplir una serie de requisitos y pagar una fianza», pero en los primeros meses de vigencia del contrato «se acumularon las facturas sin pagar». Una reunión de urgencia con la consejera logró desbloquear los pagos, pero nunca en los plazos previstos por la ley. «A todos nos deben algún mes, aunque hay facturas sin pagar desde 2023», explican. Y aclaran que no es un problema general en la administración del Gobierno asturiano. «Esto solo pasa en esta consejería, la mayoría trabajamos, también, con las de Educación y Salud y ahí todo va bien: pagan como el banco», aseguran.
Ante los datos desvelados por los proveedores, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no se niega ya que no existan impagos, sino que los afectados «están debidamente informados de los motivos y de las soluciones». Añaden que «estamos en permanente contacto telefónico» y aclaran que, incluso, «hemos tenido reuniones con alguno de ellos».
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