La ITV asturiana, de las más baratas, duras y rentables

Es de las más baratas. Según un informe de la organización de consumidores Facua, el pasado año la tarifa media para turismos diésel estaba en los 42,76 euros en todo el país, siendo seis euros más barato en Asturias. Cantabria pedía 53,24 euros, León 52,07 y Galicia 44,78. El precio en gasolina con catalizador era de 36,78, un euro por encima del promedio nacional pero de nuevo más ventajoso que en las provincias vecinas: Cantabria estaba en 47,03 euros, León en 43,44 y Galicia era sólo unos céntimos más cara. En algún momento del conflicto se puso sobre la mesa la opción de subir los precios para ganar margen con el que financiar mejoras de personal.

Lo notable es el celo de sus inspectores. En puridad todas las estaciones del país están obligados a revisar los mismos aspectos de cada vehículo y valorarlos de igual forma. En la realidad las estaciones asturianas son, desde hace lustros, las más duras. La última estadística oficial, de 2022, indica que el 33,8% de los vehículos salieron de la primera visita con errores graves detectados, cuando el promedio nacional es de 18,57%. La segunda que más suspende es Baleares, con un 22,6% de rechazos.

En Asturias el servicio lo presta en exclusiva una empresa pública autonómica, algo que sólo pasaba en Andalucía y un modelo al que ha vuelto la Comunidad Valenciana. Sus cuentas entre 2013 y 2022 arrojan un global de 18,6 millones de beneficio limpio después de impuestos. El Principado se cobra como dividendo parte de la ganancia, teniendo aprobado este año retirar unos 700.000 euros.

Desde el Gobierno regional se vienen dejando datos que apuntan a problemas de rendimiento: la producción sería de 1,8 vehículos revisados por hora y trabajador, situando la media del sector en 2,4. El absentismo estaría en el 5,3% aquí y en el 2,27% en el resto del país. La comparativa con Andalucía arroja otro dato: allí el coste por empleado es de 45.184 euros, mientras que aquí estaba en 36.112, un 25% menos.

Este es el retrato de la empresa que está poniendo a prueba, primero, la capacidad de la Consejería de Transición de resolver conflictos con el personal a su cargo y, después, la del propio Gobierno para abordar un problema social. El presidente Adrián Barbón dejó dicho que de continuar el pulso le obligarían a valorar un cambio de modelo, algo que su socio, IU, rechazó por principios ideológicos y que el PP aprovechó para presentar una iniciativa legislativa que se votará esta semana.